Se trata de una formación que se escindió de La Izquierda (Die Linke) y cuyos postulados han abierto un gran debate en el país germano y en toda Europa al presentar compatibilidades con la extrema derecha, por ejemplo, en materia migratoria.
Desde un punto de vista general, nuestro Coordinador Federal Antonio Maíllo, en declaraciones para el diario Público, enfatiza la importancia de que la izquierda "no rehúya ningún debate" y de que atienda "las condiciones materiales de la clase trabajadora con recuperación de un sentido común en nuestras posiciones políticas, combatiendo todas las desigualdades, también las de origen o género".
Maillo e Izquierda Unida dan una gran relevancia, por otra parte, a la "unidad" de las izquierdas y apuntan que fue precisamente "la fragmentación y la desunión de las izquierdas" en el siglo XX una de las causas, entre otras tantas, del ascenso del nazismo.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en materia de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, muestra su “satisfacción” y traslada la “enhorabuena” a María Isabel Perelló tras conocer el nombramiento a media mañana por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de esta magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo como presidenta del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces.
Santiago ha deseado un “buen trabajo” a la nueva presidenta porque de ello “va a depender la mejora de la justicia para que realmente funcione como un servicio público” en nuestro país. También, y no menos importante, para “poner fin a la guerra jurídica y a la utilización de la justicia por parte de la derecha contra los que considera sus enemigos y adversarios políticos”.
“Ahora -incide con rotundidad- hay que ponerse a trabajar para democratizar la justicia, para que sea un poder capaz de garantizar todos los Derechos Humanos, de todas las personas y que alcance a toda la ciudadanía”.
El diputado y también responsable en temas de Justicia e Interior en la dirección federal de Izquierda Unida destaca especialmente que “por primera vez una mujer jueza, defensora de los Derechos Humanos y progresista sea la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”.
Santiago hace extensiva su felicitación a Perelló “al resto de juezas progresistas que presentaron su candidatura para mejorar la situación de la justicia”. Esto tiene mucha más importancia y valor “tras el desgaste y el bloqueo al que ha sido sometido nuestro sistema judicial en estos últimos cinco años de ‘secuestro’ por parte del Partido Popular”.
“Tras más de un mes de bloqueo por el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces -recuerda-, por fin se ha conseguido una candidatura que cuenta con un amplio apoyo, prácticamente consenso, para que una mujer progresista se ponga al frente del Poder Judicial en España”. La candidatura de Perelló ha logrado 16 apoyos, frente a los 4 recibidos por la también magistrada progresista del Tribunal Supremo Ana María Ferrer García.
De ahí que Enrique Santiago incida también en que “no ha sido justo el desgaste al que se ha sometido a las anteriores candidatas progresistas”, si bien advierte de que detrás de todo ello ha estado de nuevo “la forma de actuar de la derecha, crispando y siendo incapaces de aceptar la mayoría social de nuestro país”.
Mientras se fija la fecha definitiva para el debate de investidura en el Parlament y una vez que cada uno de los actores implicados han analizado y tomado las decisiones internas que les competen, Izquierda Unida “saluda y considera una buena noticia el acuerdo alcanzado en Cataluña entre las fuerzas de Comunes, ERC y PSC-PSOE para conformar un gobierno progresista”.
IU considera positiva la “vuelta a la política en Cataluña en el marco de la legalidad en un acuerdo transversal de las izquierdas, independentistas y no independentistas, que antepondrán en su acción de gobierno las prioridades sociales que necesitan las clases populares catalanas”.
Ello supone, además, un “paso importante en el proceso de diálogo” y “abre posibilidades para continuar avanzando en la normalización entre Cataluña y el resto del Estado” y, lo que es aún más importante, “cierra las puertas a un posible gobierno de la derecha nacionalista”.
De la misma manera, IU saluda los “contenidos más sociales del acuerdo” y, en especial, “nos congratulamos de los del acuerdo entre Comunes y PSC en materia de sanidad, transportes, urbanismo y vivienda”. Entre otras cuestiones, “van a permitir construir 55.000 viviendas públicas nuevas, rehabilitar otras 150.000 o poner en marcha más medidas eficaces para acabar con los desahucios sin solución habitacional”.
Izquierda Unida “continuará trabajando para que las políticas de izquierdas, también en materia tributaria con la reforma fiscal necesaria y de financiación territorial, alcancen tanto a Cataluña como al resto de territorios del Estado”.
Por ello, apunta también que no es posible hablar seriamente de una reforma del modelo de financiación territorial “si simultáneamente no se habla de una profunda reforma fiscal que enfrente la deserción fiscal de los más ricos y de las grandes empresas, y acabe con el ‘dumping’ tributario que practican las comunidades autónomas en manos de la derecha”.
Para IU, “sin un sistema fiscal más progresivo y justo en el reparto de las cargas no es posible establecer un mecanismo de corrección de las deficiencias del sistema de financiación territorial”.
“La mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora -incide- no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es, la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan”.
Destaca que “solo poniendo en marcha eficazmente estos servicios y su adecuada financiación podremos garantizar una vida digna a los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado y, a la vez, frenar el avance de la ultraderecha y la intolerancia”.
Como ya hizo la semana pasada nada más conocerse, esta formación expone sus discrepancias con el “acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para reformar el sistema de financiación autonómico en lo que afecta a Cataluña”.
“Compartimos -detalla IU- que desde hace 12 años el modelo de financiación autonómica en España está pendiente de una profunda revisión que afecte a todas las comunidades”, una revisión que “debe ser simultánea en todos los territorios del Estado atendiendo a las problemáticas que tienen cada uno de ellos”.
Se necesita un sistema de solidaridad entre territorios “donde no solo se cubran los gastos comunes generados por la Administración General del Estado (política exterior, seguridad, defensa, Seguridad Social y pensiones, etc.) sino que incluya un sistema de redistribución de riqueza y recursos para compensar desigualdades entre los territorios más ricos y aquellos más pobres y faltos de desarrollo”.
Modelo de financiación y compensación justo
Izquierda Unida, una fuerza política “de izquierdas, republicana y federal”, entiende que el “desarrollo del modelo territorial en la perspectiva de construcción de un Estado federal y plurinacional es inseparable de un sistema de solidaridad que no deje a nadie atrás y atienda las necesidades de las clases trabajadoras en todo el Estado, al margen de cuáles sean sus nacionalidades o en qué lengua se expresen”.
“Solo desde esta premisa redistributiva se puede alcanzar un modelo de financiación y compensación justo entre todos los territorios”, expone IU, que defiende que “cualquier sistema de financiación, sea el que sea, debe garantizar la contribución a mecanismos interterritoriales de compensación y redistribución de riqueza para impulsar un desarrollo lo más homogéneo posible en todo el territorio del Estado, así como para corregir los innumerables déficits de financiación que arrastran distintas comunidades”.
Izquierda Unida está en contra de la aplicación del criterio de ‘ordinalidad’ incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC “por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita”. Añade que “haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan”, es decir, “nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial”.
Ese nuevo sistema de financiación para todas las comunidades que defiende IU “debe atender las necesidades generales de toda la ciudadanía y también aquellas específicas de los territorios infrafinanciados en los últimos años”.
“No tenemos duda -señala IU- de que Cataluña también ha padecido este problema, con un déficit de financiación en importantes infraestructuras, como el sistema eléctrico o el sistema ferroviario”, pero generalizar el modelo del acuerdo PSC-ERC al resto del Estado “imposibilitaría la puesta en marcha de cualquier mecanismo de solidaridad o compensación intraterritorial más allá de los límites de una comunidad”.
El tradicional homenaje a Blas Infante en el aniversario de su asesinato por los fascistas se celebra este año con la música de fondo de la financiación autonómica. El acuerdo entre PSC y ERC para formalizar la investidura de Illa en Cataluña ha (re)abierto el debate sobre el modelo de financiación autonómica que es también un debate sobre el modelo de país. Se hace con una aritmética parlamentaria compleja tanto en Parlament de Catalunya como en el Congreso de los Diputados. La investidura de Illa y la estabilidad del gobierno de coalición están detrás del debate abierto, pero dada la enjundia del asunto, las propuestas de modelo de financiación (y de modelo de país al que apunten) deben tratar de abstraerse de dichas derivadas porque las consecuencias son a largo plazo.
Durante la Primera República española no se consiguió aprobar el Proyecto de Constitución Federal de 1873 pero se apuntó a la senda federalista que debía transitar la organización territorial del país. Bien queda reflejada en la Constitución Federal de Antequera de 1883, en plena restauración borbónica, y con más contundencia en el Manifiesto andalucista de Córdoba de 1919, en la crisis de dicha restauración, que recogía las reivindicaciones llevadas meses antes a la Sociedad de Naciones.
También se plasmó en el Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de Andalucía durante la Segunda República pero, al igual que la Constitución de 1873, tampoco sería aprobado. Andalucía no tuvo Estatuto hasta 1981, después arrancarlo, por la “vía rápida” a golpe de movilización popular. Manuel José García Caparrós es Hijo Predilecto de Andalucía y un recordatorio de que a Andalucía nunca se le ha regalado nada.
En definitiva, la descentralización y el federalismo, el acuerdo entre partes y, por tanto, el reconocimiento de las mismas ha sido la histórica aspiración de Andalucía en la manera de integrarse en la organización territorial de España. Pero desde una concepción de nuestra singularidad anclada en razones culturales y asumiendo la necesidad de poner en el centro del debate federal las cuestiones económicas y sociales de Andalucía, y la remoción de los obstáculos que no facilitaron, ni facilitan al día de hoy, una plena convergencia con el conjunto del país.
Las capas populares no se identificaron con un nacionalismo esencialista sino, como decía Blas Infante: “un nacionalismo internacionalista, universalista, lo contrario de todos aquellos nacionalismos inspirados por el Principio Europeo”.
Hoy hemos de aprovechar el debate abierto sobre la financiación autonómica para abordar ese debate amplio sobre modelo de país y organización territorial que no se circunscribe solo a Cataluña. Es más, el foco debe ponerse más en las periferias económicas maltratadas secularmente. Y las respuestas deben responder a la clase trabajadora ofreciéndole más igualdad social y equilibrio territorial mediante políticas redistributivas entre clases y mecanismos de compensación y de reequilibrio territorial, necesarios para garantizar estabilidad real al modelo territorial federal.
Porque el periodo histórico presente es el de la gran divergencia por desigualdad social. Hay una enorme ofensiva global desigualitarista desde los años setenta cuyo principal objetivo es acabar con los mecanismos de redistribución y, en nuestro país, el desequilibrio territorial es un factor que acrecienta la desigualdad social.
Andalucía lidera las tasas de desigualdad de la UE. No es una condena divina, es fruto de un modelo económico y productivo español que en su reparto de roles asignó a Andalucía el de periferia. Pudo no haber sido así, pero en la conformación del estado liberal en España se desplegaron políticas económicas que favorecieron antes a unos territorios que a otros. Y la oligarquía terrateniente andaluza no tuvo empacho en tener como compensación mano de obra barata hasta decir basta. Invito a observar el Mapa de los ferrocarriles de España de 1917 en la Biblioteca Nacional. La red ferroviaria nos dice mucho de qué modelo de país se inició en el siglo XIX y se extendió al siglo XX: centralista (todo pasa por Madrid) y asimétrico (gran desarrollo en las periferias industrializadas como Euskadi y Cataluña).
El mapa de hoy del PIB per cápita por comunidades autónomas coloca a Madrid, Euskadi y Cataluña por encima de la media del país, debajo de la cual está Andalucía, Extremadura y otras comunidades autónomas. Ese Estado y ese modelo económico y productivo que se estaba conformando en el XIX fue provocando desequilibrios territoriales y sociales de los cuales somos herederos y que toca poner en cuestión.
No faltaron las polémicas en los inicios del estado liberal español entre los propios republicanos federalistas andaluces, que demandaban más librecambismo para favorecer la industria exportadora andaluza, frente a las políticas proteccionistas que se impusieron para favorecer a la industria catalana y a la siderurgia vasca que defendía el federalismo septentrional. Como por todos es sabido, el flujo de mano de obra desde las periferias a las regiones industrializadas ha sido una constante histórica y presente. Mano de obra que genera riqueza con su trabajo.
Digo todo esto, no por hacer un listado de agravios históricos sino para constatar tres consideraciones que se deben tener en cuenta en el debate sobre la financiación autonómica.
La primera es que cualquier modelo de financiación debe tender a superar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales en el conjunto del país. Esto es solo posible si se acompaña a la reforma del sistema de financiación en clave federal con una profunda reforma fiscal en clave progresiva, capaz de revertir las políticas de las últimas décadas.
Y, en este sentido, remar a contracorriente de las políticas desgualitaristas que van laminando las políticas redistributivas. Ejemplo de ello es el dumping fiscal promovido por Ayuso y Moreno Bonilla.
La segunda es que la depredación del litoral andaluz por el negocio inmobiliario, el vaciamiento demográfico de amplias zonas en favor de Madrid, el desierto ferroviario en Extremadura o que Navarra y País Vasco lideren el ranking de bienestar son fenómenos producto del modelo económico y productivo español que genera desigualdades sociales y territoriales y roles de centro/periferia.
La tercera es que Andalucía siempre ha defendido la descentralización y la federalidad. Queremos pactos y reconocimiento de todas las partes en un Estado plurinacional. Y defenderemos aquellos pactos que repercutan en reducir las brechas territoriales y sociales. El modelo de financiación ha de ser una herramienta al servicio del bienestar del conjunto de la clase trabajadora, viva donde viva.
Por ello nos remitimos al acuerdo del Parlamento Andaluz de 2018 que hoy pisotea el Partido Popular a golpe de exoneraciones de impuestos a los grandes patrimonios. Un acuerdo que podría aportar a la concepción de la reforma del sistema de financiación para el conjunto de comunidades autónomas y que se inspira profundamente en los pilares de justicia social e igualdad que están en la base de nuestro Estatuto de Autonomía.
El objetivo del sistema de financiación autonómico es garantizar a todas las comunidades los recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales y para que su acceso universal permita avanzar en justicia social e igualdad real entre toda la ciudadanía, venga uno de la familia que venga o del barrio que venga. Esto es posible solo asumiendo las necesidades específicas de los territorios en virtud de múltiples factores geográficos, sociales y económicos.
Son las necesidades territoriales que tienen que determinar los recursos necesarios para esto, no su aportación tributaria. Esto es evidente que vale en términos de clases pero también en términos de territorios. Y es justo el espíritu de solidaridad interterritorial que sustenta y facilita cualquier acuerdo sobre el modelo territorial coherente con nuestra Constitución y nuestro Estatuto.
Lo que sabemos del acuerdo entre PSC y ERC pone en duda que dichas pretensiones sean posibles. Queda mucho detalle por conocer, pero no se antoja buena idea un modelo en el que una comunidad enriquecida (y con el domicilio fiscal de buena parte de las grandes empresas que hacen negocio en todo el país) recaudase todos los impuestos, aunque se diga que se ajustarían cuentas.
Ya durante la transición se dio la tentación de regionalizar el sur y confederalizar el norte, el tufo viene de antiguo. Sí corresponde hacer una reforma del sistema de financiación que garantice la suficiencia de recursos a todas las comunidades autónomas, para que atiendan a las necesidades sociales de la población y que no queden infrafinanciados en ninguna comunidad, recauden lo que recauden, introducir variables que garanticen la equidad, así como impedir las políticas fiscales que promueven el dumping fiscal.
Ciertamente, el meollo del asunto está en la política fiscal, todavía lejos de las finalidades del artículo 31 de la Constitución. Solo resolviendo bien el problema de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado y el aumento de la recaudación por la vía de una fiscalidad justa y progresiva se puede acometer una reforma de la financiación autonómica que satisfaga las necesidades de los territorios, que no son otros que los de la ciudadanía que los habita.
Pareciera que el PSOE, lejos de atreverse a afrontar ese desafío de hacer pagar más a quienes más tienen (y más se enriquecen a costa del resto) prefiere coger el camino “fácil”. Sabe que para una reforma fiscal progresiva se va a encontrar con toda la derecha, independentista y españolista, y con las grandes empresas en frente, y prefiere hacer un mal apaño de consecuencias imprevisibles. La descentralización no puede poner en riesgo la redistribución de rentas entre clases y territorios sino hacerla efectiva.Toni Valero es coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso
La Diputación de Burgos lanzará una línea extraordinaria de subvenciones para rescatar a los proyectos culturales de más de 12.000 euros de inversión que se han quedado fuera en la convocatoria ordinaria y facilitar así su viabilidad. A ella podrán concurrir aquellos que no hayan resultado beneficiaros en la convocatoria ordinaria aun después de haber obtenido la puntuación mínima y otros nuevos o que puedan mejorar su propuesta para subir nota. 23 proyectos que habían logrado superar la puntuación mínima de 3 se quedaron sin un impulso económico, que para muchas asociaciones significa la frontera entre la viablidad y la desaparición de los eventos planificados.
23 proyectos que había logrado superar la puntuación mínima de 3 se quedaron sin un impulso económico por la insuficiencia de dotación económica y algunas de las condiciones major catalogadas relacionadas con la tortura animal, que para muchas asociaciones significa la frontera entre la viablidad y la desaparición de los eventos planificados.
Izquierda Unida defiende desde hace años la necesidad de abordar una “reforma en profundidad del modelo de financiación autonómica, lo mismo que del modelo de financiación local”, para solucionar las “desigualdades constatadas hace mucho tiempo entre territorios”. Llevarlo a cabo requiere buscar un “modelo estable y justo para el conjunto del Estado”, que garantice la “solidaridad entre territorios” y la “defensa de los servicios públicos”.
Esta formación entiende que las “necesidades reales de las personas deben estar por encima del hecho territorial en que se produzcan”. Ponerlo en práctica requiere también estar muy atentos para “evitar que nadie se pueda arrogar la potestad de agitar el fantasma del enfrentamiento entre comunidades autónomas por intereses meramente partidistas o territoriales”, que muchos consideran especialmente rentables, mucho más cuando la defensa de lo público nunca ha estado entre sus prioridades.
De la misma forma, ante el debate por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para avanzar en la autonomía fiscal para Cataluña, dentro del marco para la formación de un nuevo gobierno catalán, Izquierda Unida manifiesta:
1. El actual modelo que regula el sistema de financiación autonómico, que no se debe olvidar data del 2009, se reveló hace ya tiempo “desigual”, con unos territorios especialmente perjudicados frente a otros, si se parte de la comparación de lo que recaudan por habitante y lo que reciben.
“El sistema no funciona”, lo que no significa que “se puedan buscar atajos o soluciones particulares” que, con la excusa de acabar con las tensiones del sistema general, den pie a la posible generación de distorsiones aún más profundas.
2. IU considera que “existe un problema global de financiación autonómica y no solo con Cataluña”. De la misma forma, “las salidas singulares son el resultado de un modelo de financiación superado hace tiempo, y cuyas consecuencias son una financiación a cuenta y que no cumple siquiera con el mandato de los diferentes Estatutos de Autonomía”, a pesar de ser leyes orgánicas y de formar parte del bloque constitucional. Cumplir con las obligaciones estatutarias o, en todo caso, acometer su desarrollo no debe ser discutible en cualquier modelo de financiación.
Para esta formación, “no ha lugar a cuestionar lo aprobado en los estatutos de Cataluña o de otros territorios como parte de estos acuerdos”.
3. Cualquier modificación sobre financiación de las comunidades que están en el régimen común pasa por una reforma de la LOFCA y requiere trabajar una correlación de fuerzas en el Congreso que la permita. Si se abre ese debate parlamentario, IU defenderá su propuesta solidaria y federal, que debería ser de mirada amplia (más allá de la LOFCA) para abordar la inaplazable reforma del modelo de financiación local que también sustenta un número importante de derechos de ciudadanía
4. IU defiende “un modelo de Estado federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los servicios públicos y a la población, y no a los territorios”.
5. Desde IU se echa de menos, como pasaría en todo acuerdo de financiación de servicios a la población, referencias a la “necesaria reforma fiscal para la obtención de recursos y garantía de suficiencia financiera”, así como la “condicionalidad vinculada al cumplimiento solidario de aporte fiscal desde las comunidades para evitar ‘dumping’ o bajadas de impuestos por donde se escapa la mayor financiación de servicios.
6. El Gobierno de coalición progresista no debería dejar pasar la oportunidad de abordar una reforma del sistema de financiación autonómica, en consonancia con la demanda manifestada por la mayoría en las elecciones generales de hace poco más de un año, para temer un Estado mejor y con más capacidad de atender con servicios públicos adecuados a toda la población, especialmente a la más vulnerable.
7. En consecuencia, la “propuesta de reforma de IU debe pasar necesariamente por las siguientes fases: 1. Un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tienen con el Estado. 2. Una reforma fiscal para lograr una financiación autonómica justa. 3. Garantizar un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios”.
Izquierda Unida tiene toda su propuesta perfecta y suficientemente desarrollada, pero a modo de explicación sucinta destaca que la deuda estatal “debería cancelarse en plazos anuales, hasta un total de ocho ejercicios. No tendría impacto neto en la deuda global de las administraciones públicas, ya que lo que asume el Estado, lo reducen las comunidades”.
Una imprescindible reforma fiscal
Esta cancelación estaría ligada a una denominada ‘condicionalidad positiva’, ya que la holgura financiera por el menor gasto financiero y la no amortización de la deuda con el Estado tendrá que ir destinada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos, ni en los impuestos propios de las comunidades beneficiadas
La reforma fiscal para garantizar una financiación autonómica justa pasa para Izquierda Unida por una batería de propuestas que afectan a múltiples impuestos. Entre ellas, están “reformar el Impuesto sobre el Patrimonio para convertirlo en un verdadero impuesto a las grandes fortunas; actualizar la normativa básica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que debería servir también para establecer una base liquidable homogénea y para revisar ciertos elementos de la estructura del tributo; eliminar la capacidad normativa sobre los mínimos personales y familiares en el IRPF a nivel autonómico, cuya función es la de determinar un nivel mínimo de renta no sometido a gravamen o impulsar el establecimiento de tasas turísticas que puedan revertir en los municipios con más afectación para que puedan compensarse los efectos negativos que pueda conllevar el turismo”.
En cuanto a la garantía de un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios, la reforma del modelo de financiación autonómica “debe poner en marcha un esquema de nivelación total, que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios”.
Esto pasa, por ejemplo, por fijar suelos mínimos de gasto público social en porcentaje sobre el PIB: 8% para Sanidad, 6% para Educación y 3% para servicios sociales y sistema de cuidados.
En ningún caso los fondos que se establezcan para compensar unas comunidades a otras estarán sujetos al criterio de ordinalidad (la ordenación de las Comunidades Autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranking de las mismas en términos de capacidad fiscal) si es contrario al principio de solidaridad y tampoco puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación, ya que está ausente de cualquier texto legislativo al respecto.
Por último, aunque el indicador de población ajustada seguiría siendo válido para el nuevo modelo, deben revisarse tanto las variables que lo integran como las ponderaciones asignadas a las mismas, con su justificación técnica y el suficiente consenso metodológico, para mejorarlo como proponen muchos expertos.
Si se supera el actual sistema de financiación autonómico, apostamos por un modelo más federal, más solidario y multilateral, con la participación de todas las comunidades autónomas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que la ley de Castilla y León, que permitía la caza del lobo ibérico, viola el derecho europeo. La legislación autonómica, aprobada en 2019, declaraba este animal como especie cazable en terrenos situados al norte del río Duero entre 2019 y 2022, lo que ponía en peligro a 339 ejemplares. La sentencia contradice la postura del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que defendía unas políticas ineficaces para asegurar la conservación de este animal.
Puedes leer todo el artículo en: https://www.publico.es/sociedad/justicia-europea-contradice-manueco-y-sentencia-caza-del-lobo-iberico-castilla-y-leon-ilegal.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big
En la Ribera del Duero: "Agua que no has de beber … déjala correr"
Eso dice el refrán castellano. Y en muchos pueblos de Castilla y León el problema es que tienes que dejarla correr toda porque no es apta para el consumo humano. Esto sucedía como excepción en algunos pueblos y ahora empieza a ser la norma. Últimamente en algunos de los alrededores de la Ribera del Duero, como Valdeande, pueblo en el que tengo la suerte de pasar gran parte de los veranos desde hace muchos años, no se puede beber agua del grifo.
Ha habido veranos en los que había problemas de abastecimiento de agua. Es normal que donde viven unos pocos vecinos en invierno, cuando llegan cientos de veraneantes puedan tener ese problema porque se incrementa el consumo de agua potable por el incremento de 5, 10 ó 20 veces la población residente. Lo que es más reciente es que no podamos beberla, por recomendaciones sanitarias, porque no es potable.
¿En qué momento el agua del grifo dejó de ser potable? Porque en las fuentes ponía que el agua no cumplía los requisitos higiénico sanitarios porque decían que no se hacían pruebas al agua que manaba por el coste económico que ello suponía. Resulta que tampoco se hacían pruebas al agua que salía de los grifos de nuestras casas.
Con eso de que Burgos es la provincia que tiene más pueblos de toda España y que Castilla y León la Comunidad que más municipios tiene, parece que con esta excusa solucionamos todos los problemas que haya sin hacer nada. Y, sin embargo, se dedican gran cantidad de recursos a los pueblos para la realización de determinadas obras o actividades culturales siempre que sean del beneplácito de la Diputación, que es la que tiene recursos para todo lo que vaya más allá del gasto común del Ayuntamiento.
Me parece bien que gastemos recursos en lo accesorio siempre y cuando los gastemos previamente en lo fundamental. Tal vez el problema de la derecha que gobierna la mayoría de Diputaciones y la Junta de Castilla y León sea que le gusta demasiado que quienes más dinero tienen no lo aporten para la políticas necesarias como que de los grifos salga agua potable con todas las garantías. Los impuestos son necesarios, en este caso tan necesarios como el agua.
Y aquí tendremos que recuperar un debate político que no quieren hacer las derechas en los pueblos, que tiene que ver con la situación del campo y de la ganadería y si todos los productos e instalaciones cumplen con la normativa del sector primario en Castilla y León. Recuerdo cuando el ex-ministro Alberto Garzón cuestionó la calidad de algunas de las carnes que se producían en el sector ganadero en España. Y el PP, aprovechando que Mañueco había convocado elecciones anticipadas en Castilla y León para cambiar de socio en la Junta, criticó duramente las palabras del entonces ministro de Consumo sin querer hacer un debate político profundo de cómo se está produciendo la alimentación en nuestra Comunidad.
Y como no hubo debate tampoco se tomaron las medidas pertinentes para que las cosas no siguieran empeorando y ahora no podemos beber agua del grifo.
Recordemos también que la respuesta del Secretario general del PSOE fue que a él le gustaba el chuletón poco hecho. Luego tampoco podemos esperar cambios estructurales de quienes no quieren hacer debates en profundidad sobre la verdadera situación de los pueblos de nuestra Comunidad. El tercero en discordia, la extrema derecha, se ha salido de la Consejería de Agricultura por la acogida de 21 menores migrantes procedentes de Canarias. Como si no hubiera necesidades en el campo que requieran políticas que permitan facilitar la contratación de mano de obra migrante para realizar determinados trabajos como la vendimia o la recolección de determinados frutos.
El pasado mes de mayo, la Asamblea federal de Izquierda Unida aprobaba una resolución que partía de Baños de Valdearados, localidad gobernada por IU, proponiendo medidas para evitar la contaminación de las aguas que llegan a los grifos de la ciudadanía.
La resolución reclamaba agua limpia y potable para nuestros pueblos: la ampliación de la estaciones de control de la calidad del agua, mejorar la frecuencia de las analíticas a realizar a los distintos pueblos, la realización de pruebas en las fuentes naturales, establecer zonas vulnerables a los nitratos, establecer códigos de buenas prácticas agrarias de obligado cumplimiento, una moratoria de los nuevos proyectos de ganadería intensiva y de ampliación de los proyectos existentes y desarrollar un plan estratégico de ganadería para determinar la carga máxima para Castilla y León.
Todo a raíz de un artículo en el Diario de la Ribera publicado por Begoña Cisneros en abril de este año en el que se hacía eco de una noticia generada por el grupo de Polímeros de la Universidad de Burgos que llevó a cabo un estudio de la calidad del agua y que se preguntaba si: ¿Estamos bebiendo agua de calidad en la Ribera del Duero? La respuesta era que no ya que de los 13 análisis realizados por la UBU, recibidos de personas voluntarias, un 61,5% de los casos se observa un alto nivel de nitratos, un porcentaje mucho mayor que el obtenido en toda la provincia y por encima de los niveles recomendados para el consumo humano.
El agua de las piscinas sí que recibe inspecciones de la Consejería de Sanidad de la Junta pero cuando hay que hacer pruebas del agua para el consumo humano tienen que ser personas voluntarias las que lleven las muestra a analizar. Curiosas cuanto menos, las prioridades de la Junta para con la población de la Ribera del Duero. Ante los resultados, quienes hicieron la investigación recomendaban evitar beber las aguas afectadas por altos niveles de nitratos y pedían a las autoridades la realización de contra análisis para verificarlos e informar a la población y tomar medidas para evitar esta amenaza de salud pública.
¿Qué medidas ha tomado respecto a esta noticia la Junta de Castilla y León? Preguntaremos en las Cortes, pero me temo que ninguna. Las mismas de siempre. Y casi cuatro meses después seguimos sin poder beber agua del grifo en los pueblos de la Ribera del Duero.
Juan Gascón, coordinador de general de Izquierda Unida de Castilla y León
Puedes ver la noticia completa en: https://www.diariodelaribera.net/blog/blog-abierto-a-los-lectores/en-la-ribera-del-duero-agua-que-no-has-de-beber-dejala-correr/1/"}">https://www.diariodelaribera.net/blog/blog-abierto-a-los-lectores/en-la-ribera-del-duero-agua-que-no-has-de-beber-dejala-correr/1/
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA
Carlos Medina Martín, como portavoz del Grupo Municipal PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, según lo establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta al Pleno para su debate y, si procede, la aprobación, la siguiente MOCIÓN:
ANTECEDENTES:
1.- La Organización de las Naciones Unidas, en el Principio 2 (El deber de la memoria) del documento de la Comisión de Derechos Humanos “Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, señala que “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. 2.- La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática establece que “Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión.” 3.- El 4 de abril de 2024, la mesa de las Cortes de Castilla y León admitió a trámite la proposición de ley de concordia presentada por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox. La mal llamada proposición de ley de concordia, si es aprobada, sustituirá al Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera. En ese decreto se establece que: “Por ello, la Junta de Castilla y León, en el marco de su Estatuto de Autonomía, reconoce, en su ámbito territorial, la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista.” Además, insta a “Los poderes públicos de Castilla y León, con la imprescindible colaboración de las asociaciones y entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, deben honrar a todos los que, de una u otra forma, padecieron las consecuencias de la guerra civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideología, sexo, orientación sexual, o religión, así como a sus familias, con el fin de crecer en el pluralismo, afianzar la reconciliación, y promover la concordia, la justicia, y la defensa pacífica de las ideas.” Este decreto es claramente insuficiente, pero suponía un reconocimiento a las víctimas y a sus familias, hablando de la realidad de los hechos, de una guerra civil y de la posterior dictadura, eso sí, sin entrar en lo que supuso la represión y vulneración de derechos humanos durante cuarenta años en nuestra comunidad y en nuestro país. 4. - En cambio, el texto de la proposición de ley se limita a recoger que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”, y agrega que “las nuevas generaciones que no vivieron estos hechos han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad”. Claramente estos hechos suponen un evidente, malintencionado y burdo retroceso democrático en nuestra autonomía, y una vulneración de los derechos humanos inaceptable en el siglo XXI dado que, con esta propuesta de ley, se pretende encubrir crímenes contra la humanidad. 5. - El general Franco fue uno de los más activos impulsores y participantes en el alzamiento militar contra el gobierno legítimo de la República en julio de 1936 y responsable de la muerte de cientos de miles de personas como consecuencia de la guerra que siguió al golpe de estado y de la represión durante la misma y la posterior dictadura encabezada por él mismo. Con motivo de una moción de alcaldía, “Concesión de Medalla de oro de la Villa al Jefe de Estado” (expediente 0499/1959 custodiado en el Archivo Municipal, caja 2119, legajo 30), el 19 de marzo de 1960, en el Palacio del Pardo, residencia del jefe del Estado, el alcalde de Aranda de Duero, Luis Mateos Martín, impuso al dictador, Francisco Franco, la Medalla de la Villa. 6. - El capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra asumió el mando de la sublevación de julio de 1936 en Aranda de Duero y fue “el responsable de los cerca de mil asesinatos y de todos los actos represivos cometidos en la zona”, según el estudio llevado a cabo por José María Rojas en su libro Semilla de Libertad (2009). En las fiestas patronales del año 1937 se le entregó un magnífico pergamino obra de Don Alejandro Higuera, nombrándole Hijo Adoptivo de Aranda. 7. - En los días posteriores al alzamiento militar de julio de 1936, fueron detenidos los miembros de la Comisión gestora municipal del Ayuntamiento de Aranda de Duero: Felipe Gutiérrez Catalá (Alcalde), André Sánchez García (Primer Teniente de alcalde), Tomás Requejo Requejo (Segundo Teniente de alcalde y diputado provincial), Ciriaco Martín López (Tercer Teniente de alcalde), Gregorio Picó Guijarro (Concejal) y Pascual Molinero Cebrecos (Concejal). Todos ellos fueron asesinados el 25 de agosto de 1936 y arrojados a la fosa de la Andaya, en Quintanilla de la Mata, cerca de Lerma. Sus restos fueron exhumados en 2007 y hoy reposan en el memorial del cementerio de Aranda de Duero. 8. - Resulta de una indignidad incompresible que el Ayuntamiento de Aranda de Duero mantenga los títulos y distinciones concedidos al golpista y dictador, Francisco Franco, y a uno de los más destacados represores, torturadores y asesinos, tanto de hombres como de mujeres adultas, jóvenes, niñas y niños, durante los primeros días del golpe de estado de julio de 1936 en nuestra localidad, como el anteriormente mencionado capitán de la Guardia Civil, Enrique García Lasierra, así como que nunca se haya reconocido institucionalmente a la Corporación municipal que fue vilmente asesinada tras el alzamiento militar.Por todo ello, el Grupo Municipal de PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA del Ayuntamiento de Aranda de Duero presentamos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
ACUERDOS PLENARIOS:
1. Seguir colaborando con las asociaciones y entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, y atendiendo sus necesidades, estableciendo una relación de estrecha cooperación que implique la puesta a disposición para ellas de recursos materiales, humanos y económicos, si así lo solicitan, por parte de este consistorio. 2. Hacer todas las gestiones necesarias con el fin de recuperar los terrenos de lo que fue el Campo de prisioneros franquista de Aranda de Duero entre 1937 y 1939, y sea protegido, rehabilitado y declarado Lugar de Memoria Democrática y forme parte de itinerarios y referencias pedagógicas de la Historia Contemporánea de la España del siglo XX. 3. Anular y retirar la concesión de la Medalla de la Villa al golpista y dictador Francisco Franco Bahamonde, que le fue impuesta, en el Palacio del Pardo, el 19 de marzo de 1960. 4. Que se anule el nombramiento de Hijo Adoptivo de Aranda, acordado en 1937, al capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra, artífice de la represión llevada a cabo en Aranda en los primeros días del golpe de estado de julio de 1936. 5. Reconocer y homenajear a la Corporación municipal asesinada el 25 de agosto de 1936 a través de una placa conmemorativa en un lugar visible del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 6. Identificar, si aún quedan, posibles vestigios de simbología franquista presentes en el término municipal que deban ser retirados en cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 7. Fijar en el calendario anual de actos institucionales del término municipal, eventos de memoria histórica, reconocimiento a las víctimas y condena al régimen franquista responsable del golpe de estado. 8. Instar a la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León a la paralización y posterior retirada de la proposición de ley de concordia aceptada por la mesa de las Cortes el pasado 4 de abril de 2024.