El grupo municipal Podemos – Izquierda Unida del ayuntamiento de Aranda de Duero ha registrado una moción con el objetivo de que el pleno se posicione con respecto a la construcción de varias plantas de biogás en nuestra comarca.

La moción tiene como objetivo manifestar el apoyo a la lucha desarrollada por los vecinos y vecinas de distintas localidades, especialmente en los casos de Milagros y de Fuentelcésped, así como rechazar la proliferación de este tipo de instalaciones, que ponen en riesgo un modelo productivo rural basado en la viticultura de calidad.

Para ello, además del posicionamiento del pleno, este grupo municipal demanda la incorporación del ayuntamiento de Aranda de Duero como interesado en los distintos procedimientos administrativos abiertos que buscan autorizar las plantas de biogás, así como en el procedimiento judicial abierto a iniciativa de la Asociación de Vecinos de Milagros, que pretende paralizar la compra de terrenos para la construcción de las plantas. También quieren que el ayuntamiento reclame a la Junta de Castilla y León un cambio en la gestión de estas instalaciones, paralizando la tramitación y autorización de proyectos.

Para Podemos - Izquierda Unida de Aranda de Duero, este tipo de instalaciones de gestión de residuos no van a afectar sólo a Milagros y Fuentelcésped. Son un problema a nivel comarcal y de comunidad autónoma, ya que no está claro su impacto ambiental, su tramitación administrativa es opaca y suponen un cambio encubierto del modelo productivo y de ordenación territorial.

Las instalaciones que pretenden construirse en la Ribera del Duero se encuentran sobredimensionadas: buscan almacenar y gestionar 425.000 toneladas de residuos en las proximidades de Aranda de Duero, incluyendo aquellos calificados como peligrosos por la normativa europea. Un volumen de residuos que hace sospechar que buena parte de los mismos se generarán y transportarán desde fuera de la comarca.

Los proyectos presentados están lejos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para evitar y minimizar el impacto ambiental de la fabricación de biogás y biometano, así como el almacenamiento y desplazamiento de los residuos necesarios para ello, afectando a la calidad del aire, suelo y agua de nuestra comarca.

La izquierda arandina se posiciona abiertamente contra un modelo de gestión de residuos que vacía de contenido los conceptos de economía circular y transición energética. En lugar de trabajar por un modelo de desarrollo rural sostenible, se generan “zonas de sacrificio” destinadas a importar y acumular los residuos que no quiere nadie. Se incumple así tanto con el principio de prevención, recogido en la normativa ambiental europea, como con el criterio de proximidad en la gestión de los residuos, uno de los criterios básicos de la economía circular.

Podemos – Izquierda Unida de Aranda de Duero defiende la necesidad de un modelo territorial sostenible basado en la protección del agua, la biodiversidad, la agricultura, la viticultura de calidad y el turismo de bajo impacto.

El grupo municipal Podemos – Izquierda Unida de Aranda de Duero confirma la presentación de alegaciones contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana promovida por la empresa «Residencial Ntra. Señora de las Viñas, S.L.» pues entienden que ésta es contraria a la normativa urbanística y ajena al interés general y la función social del suelo.

En el pleno ordinario de marzo de 2026 se dio de paso la aprobación inicial, pese al voto en contra de la coalición de izquierdas. Ya entonces avisaron de su intención de presentar alegaciones contra el proyecto y criticaron que Sentir Aranda haya tratado esta iniciativa privada como una prioridad urbanística frente a otras revisiones pendientes, necesarias  para ampliar el polígono industrial y para corregir diversos errores localizados en el PGOU.

La actual modificación del PGOU tiene como objetivo permitir la construcción de un hospital privado en las inmediaciones del parque “Virgen de las Viñas” y al lado de la residencia “Ciudad del Bienestar”. Para ello, pretenden que las parcelas 51, 52 y 53 del polígono 30 que forman parte del sector de suelo urbanizable SUR-R-2 se clasifiquen como suelo urbano consolidado dedicado a uso de Equipamientos, además de dividir el resto del sector en dos sectores independientes. Una operación urbanística y empresarial con cuya finalidad Podemos – Izquierda Unida no está de acuerdo. Además, el grupo municipal detecta fallos e incongruencias en su ejecución, en las cuáles se basan las alegaciones presentadas.

Señalan que el mismo personal técnico que elabora los actuales informes ya desestimó hace 3 años la pretensión del promotor de clasificar esas parcelas como suelo urbano. Existe un precedente de rechazo técnico e ignorarlo supone una contradicción fragrante con lo defendido hasta ahora por el Ayuntamiento.

Se vulnera la normativa urbanística autonómica y local, pues se pretende clasificar como suelo urbano a terrenos que no reúnen los criterios necesarios sólo por el hecho de colindar con otros que sí reúnen los criterios. Se están equiparando de forma automática terrenos con distintas condiciones. Algo que rechaza tanto el RUCYL (Reglamento de Urbanismo de Castilla y León) como el PGOU.

Como señalaban los informes técnicos hasta el inicio de este proyecto, los terrenos afectados no están integrados en la malla urbana, y los edificios actuales fueron fruto de una autorización excepcional en suelo rústico. No se puede descontar la superficie ya edificada a la hora de calcular las cargas y obligaciones del promotor, ya que en su momento no cumplió con estos deberes. 

Con el cambio de PGOU, los promotores deben asumir estas cargas íntegramente. No cuentan con los servicios necesarios para ser suelo urbano consolidado y su desarrollo exige un Plan Parcial y un Proyecto de Actuación, figuras legales distintas a la “actuación aislada” que se pretende desarrollar en la zona.    

Las consecuencias de recurrir al atajo legal de un cambio de clasificación del suelo suponen un perjuicio público, pues los promotores afectados evitan el reparto equitativo de cargas y costes a la hora de urbanizar su terreno. Y además el Ayuntamiento ve modificada la cesión obligatoria del 10% del terreno para aprovechamientos públicos. El incremento de superficie neta (14.690,72 m²) y su edificabilidad debería obligar legalmente a la creación y cesión de, al menos, 147 plazas de aparcamiento público y 2.940 m² de espacio libre público.

Por último esta modificación afecta a un espacio emblemático como es el paseo de la Virgen de las Viñas—un espacio peatonal histórico—para facilitar el tráfico rodado por el acceso norte al sector.

En caso de desestimar las alegaciones, la izquierda arandina reclama que los promotores cumplan con sus deberes urbanísticos, sin concesiones por parte del ayuntamiento: dotación de plazas de aparcamientos de carácter público y terrenos destinados a espacio libre público, en proporción al incremento real de la edificabilidad que se incorpora al suelo urbano. 

Podemos – Izquierda Unida también insiste en la defensa de la sanidad pública como uno de los motivos para oponerse a esta operación urbanística. El desarrollo de clínicas privadas que posteriormente alcanzan convenios con la Junta de Castilla y León, suponen una competencia directa por recursos que deberían destinarse al sistema público de salud. Un modelo cada vez más extendido en nuestra comunidad autónoma, que perjudica a la ciudadanía y con el que no quieren que sea cómplice el ayuntamiento de nuestra localidad.

En la comisión de Medio ambiente celebrada la mañana del 27 de mayo, el grupo municipal Sentir Aranda ha reconocido públicamente que sí que existía un acuerdo con Podemos – Izquierda Unida de Aranda de Duero para celebrar una consulta sobre el parque General Gutiérrez. Y también han reconocido que ya no están dispuestos a realizarla ni llevarla adelante, incumpliendo su palabra.

Podemos – Izquierda Unida considera que ambas afirmaciones son relevantes porque delatan un cambio significativo de postura con respecto a la versión defendida hasta ahora por el grupo municipal de Sentir Aranda. Demuestran, de nuevo, las contradicciones de Sentir Aranda para justificar la crisis de gobierno que desataron de manera unilateral en marzo. Una operación política arbitraria y mal ejecutada, que sólo ha servido para retrasar 3 meses proyectos fundamentales de este mandato.

La consulta acordada desde Podemos – Izquierda Unida con Sentir Aranda y el alcalde Antonio Linaje estaba vinculada a tres anteproyectos redactados por una empresa externa contratada por el ayuntamiento. Cada uno de estos anteproyectos planteaba de manera genérica una posibilidad distinta sobre los usos y finalidades del parque General Gutiérrez. 

La primera opción era mantener la situación actual del parque, utilizando toda su extensión como zona de acampada puntual. La segunda pasaba por dividir el parque entre una zona destinada a acampada y eventos, y otra que mantuviera su carácter de parque. Y la tercera opción, defendida por Podemos – Izquierda Unida, era mantener íntegramente el parque como zona verde.

Estos anteproyectos, de carácter básico y pensados para orientar la consulta, seguían en fase de borrador en el momento de la expulsión de Izquierda Unida del gobierno de coalición el pasado mes de marzo, pues estaban pendientes de recibir el visto bueno definitivo por parte técnica. Y en ningún caso iban a ser de ejecución directa: después de la consulta ciudadana, se realizaría el proyecto definitivo, incorporando aportes de la ciudadanía a la opción escogida de manera pública, y ejecutando los arreglos por fases.

Podemos – Izquierda Unida denuncia el cambio de versión y de posición de Sentir Aranda sobre la consulta del parque General Gutiérrez y además considera parciales las explicaciones al respecto dadas en la comisión, en la que se aportaron una lista de fechas sobre el procedimiento sin aportar ningún tipo de contexto y sin permitir dar su versión al anterior responsable del área.

También reiteran que si el arreglo del parque ha sido una prioridad este mandato ha sido por la presencia de la izquierda arandina en el gobierno. Y, tras su expulsión, se habría dejado paralizada cualquier tipo de reforma y de inversión si no fuera por la presión ejercida por Podemos – Izquierda Unida a raíz del ruego formulado por parte de este grupo municipal en el pleno ordinario del pasado 30 de abril, del revuelo mediático y en redes que se generó posteriormente y por la solicitud de documentación sobre este tema que presentaron otros grupos de la oposición.