El grupo municipal Podemos – Izquierda Unida de Aranda de Duero confirma la presentación de alegaciones contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana promovida por la empresa «Residencial Ntra. Señora de las Viñas, S.L.» pues entienden que ésta es contraria a la normativa urbanística y ajena al interés general y la función social del suelo.

En el pleno ordinario de marzo de 2026 se dio de paso la aprobación inicial, pese al voto en contra de la coalición de izquierdas. Ya entonces avisaron de su intención de presentar alegaciones contra el proyecto y criticaron que Sentir Aranda haya tratado esta iniciativa privada como una prioridad urbanística frente a otras revisiones pendientes, necesarias  para ampliar el polígono industrial y para corregir diversos errores localizados en el PGOU.

La actual modificación del PGOU tiene como objetivo permitir la construcción de un hospital privado en las inmediaciones del parque “Virgen de las Viñas” y al lado de la residencia “Ciudad del Bienestar”. Para ello, pretenden que las parcelas 51, 52 y 53 del polígono 30 que forman parte del sector de suelo urbanizable SUR-R-2 se clasifiquen como suelo urbano consolidado dedicado a uso de Equipamientos, además de dividir el resto del sector en dos sectores independientes. Una operación urbanística y empresarial con cuya finalidad Podemos – Izquierda Unida no está de acuerdo. Además, el grupo municipal detecta fallos e incongruencias en su ejecución, en las cuáles se basan las alegaciones presentadas.

Señalan que el mismo personal técnico que elabora los actuales informes ya desestimó hace 3 años la pretensión del promotor de clasificar esas parcelas como suelo urbano. Existe un precedente de rechazo técnico e ignorarlo supone una contradicción fragrante con lo defendido hasta ahora por el Ayuntamiento.

Se vulnera la normativa urbanística autonómica y local, pues se pretende clasificar como suelo urbano a terrenos que no reúnen los criterios necesarios sólo por el hecho de colindar con otros que sí reúnen los criterios. Se están equiparando de forma automática terrenos con distintas condiciones. Algo que rechaza tanto el RUCYL (Reglamento de Urbanismo de Castilla y León) como el PGOU.

Como señalaban los informes técnicos hasta el inicio de este proyecto, los terrenos afectados no están integrados en la malla urbana, y los edificios actuales fueron fruto de una autorización excepcional en suelo rústico. No se puede descontar la superficie ya edificada a la hora de calcular las cargas y obligaciones del promotor, ya que en su momento no cumplió con estos deberes. 

Con el cambio de PGOU, los promotores deben asumir estas cargas íntegramente. No cuentan con los servicios necesarios para ser suelo urbano consolidado y su desarrollo exige un Plan Parcial y un Proyecto de Actuación, figuras legales distintas a la “actuación aislada” que se pretende desarrollar en la zona.    

Las consecuencias de recurrir al atajo legal de un cambio de clasificación del suelo suponen un perjuicio público, pues los promotores afectados evitan el reparto equitativo de cargas y costes a la hora de urbanizar su terreno. Y además el Ayuntamiento ve modificada la cesión obligatoria del 10% del terreno para aprovechamientos públicos. El incremento de superficie neta (14.690,72 m²) y su edificabilidad debería obligar legalmente a la creación y cesión de, al menos, 147 plazas de aparcamiento público y 2.940 m² de espacio libre público.

Por último esta modificación afecta a un espacio emblemático como es el paseo de la Virgen de las Viñas—un espacio peatonal histórico—para facilitar el tráfico rodado por el acceso norte al sector.

En caso de desestimar las alegaciones, la izquierda arandina reclama que los promotores cumplan con sus deberes urbanísticos, sin concesiones por parte del ayuntamiento: dotación de plazas de aparcamientos de carácter público y terrenos destinados a espacio libre público, en proporción al incremento real de la edificabilidad que se incorpora al suelo urbano. 

Podemos – Izquierda Unida también insiste en la defensa de la sanidad pública como uno de los motivos para oponerse a esta operación urbanística. El desarrollo de clínicas privadas que posteriormente alcanzan convenios con la Junta de Castilla y León, suponen una competencia directa por recursos que deberían destinarse al sistema público de salud. Un modelo cada vez más extendido en nuestra comunidad autónoma, que perjudica a la ciudadanía y con el que no quieren que sea cómplice el ayuntamiento de nuestra localidad.