Maíllo reclama “políticas audaces de vivienda” y una “aceleración legislativa” para que no se “neutralicen” las “mejoras salariales y en el empleo” logradas por el Gobierno de coalición Durante la rueda de prensa conjunta con Unai Sordo tras lo que califica como “el primer encuentro que tiene la nueva dirección federal de Izquierda Unida con un agente social tan importante como CCOO”, el coordinador federal de IU muestra “nuestro decidido apoyo a todo lo que significa ensanche de derechos”, incluída la reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, porque “está en nuestras propuestas fundacionales desde 1986, y fuimos la primera y única formación que lo llevó a debate al Congreso ya en 1995”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado esta mañana “políticas audaces de vivienda” para evitar que las indudables “mejoras salariales y en el empleo” no sean “neutralizadas” por lo todo lo demás que tienen que pagar numerosas familias para hacer frente a la hipoteca o al alquiler.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de CCOO, junto al secretario general del sindicato, Unai Sordo, tras mantener durante algo más de una hora lo que ha detallado como “el primer encuentro que tiene la nueva dirección federal de IU con un agente social tan importante como CCOO”, Maíllo incidió sobre el mismo tema y apostó porque “debe haber una aceleración legislativa, con instrumentos desde el Gobierno central para solventar algo que denunciamos y que es una evidencia: el boicot desde los gobiernos del PP al desarrollo de las políticas de vivienda transferidas a las comunidades autónomas”.

El máximo responsable de IU reconoció a los periodistas la “coincidencia prácticamente plena” entre su formación y el sindicato “en el diagnóstico de los temas tratados y sobre la situación en nuestro país y en el mundo”.

Además del tema de la vivienda, esto incluye también lo que tachó como el “gran debate de este momento”, en referencia a “la negociación que se lleva a cabo y que está atascada por el gran empresariado de la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario”.

“Hacen falta políticas audaces de vivienda, a través de la promoción de vivienda pública y de alquiler que permita que esas mejoras salariales no se vean neutralizadas por los pagos de las familias trabajadoras al alquiler o a la compra de la casa”, insistió sobre la primera cuestión.

Aseguró que desde Izquierda Unida “hemos planteado también en la reunión, de forma coincidente con CCOO, como las rentas del trabajo y las mejoras salariales se ven succionadas por el gasto en vivienda, ya sea en la hipoteca o el alquiler. Esa succión hacia sectores rentistas hace que haya un desequilibrio que tenemos que corregir”.

Sobre el segundo tema planteado de inicio, señaló el decidido apoyo de Izquierda Unida a “todo lo que significa ensanche de derechos”, lo que sin duda incluye la reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, porque “está en nuestras propuestas fundacionales desde 1986, y fuimos la primera y única formación que lo llevó a debate al Congreso de los Diputados ya en 1995. Nosotros celebraríamos como un ensanche de derechos que lo pudiéramos culminar ahora”.

Maíllo trasladó también a Sordo, y así lo hizo público, “nuestro apoyo a las movilizaciones para, de alguna forma, condicionar la posición cerrada ahora de la CEOE”.

“Hace falta esa movilización en todos los sentidos -detalló-, en lo que toca a nuestro ámbito institucional, pero también recordando que en la década pasada los gobiernos del PP cerraban acuerdos con la CEOE con la exclusión de los sindicatos para recortar derechos”. De ahí su defensa en que si la patronal “se niega ahora a aceptar este acuerdo, pues que se aborde con los sindicatos, porque se trata de ensanchar derechos. Estando ahora en el Gobierno tenemos un instrumento más útil para poder conseguirlo”.

El máximo responsable de IU explicó a los medios que durante el encuentro puso también sobre la mesa “la primera iniciativa planteada desde mi mandato como coordinador federal, que es la celebración en otoño de un acto de Convocatoria por la Democracia, al que queremos dar mucha relevancia en términos ideológicos políticos y sociales”.

Destacó que en esa convocatoria “tienen una gran relevancia los sindicatos de clase como CCOO” y, por eso, “les hemos invitado a su participación”. Señaló que “hacemos esta convocatoria desde la disputa de que los reaccionarios que quieren destruir la democracia no pueden, además, utilizarla para sus fines”.

“Queremos -dijo- que haya un debate que nos trascienda como organización, pero que se sitúe en ese marco de defensa democrática, en su sentido genuino del poder del pueblo, frente a la ola reaccionaria que no es que quiera debilitar a la democracia, sino que quiere que pase como un paréntesis en la historia”.

Garamendi “hace una declaración de su propia impotencia”

A preguntas de los periodistas sobre las reiteradas manifestaciones de Antonio Garamendi en contra de la reducción de jornada y atacando la actuación de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las negociaciones, Maíllo valoró que “cuando el presidente de la CEOE hace ese tipo de declaraciones, en el fondo está haciendo una declaración de su propia impotencia. Es el reconocimiento de que las políticas neoliberales de recortes, de debilitamiento de los derechos y debilitamiento del Estado han fracasado”.

Valoró que es en ese “descolocamiento” que demuestra el representante de la patronal “donde se instala un mensaje alarmista que no se corresponde con la realidad”. Y lo ilustró con el siguiente ejemplo práctico: “la reforma laboral no solo no empeoró el empleo, sino que lo ha mejorado; la reducción de la jornada laboral mejorará las condiciones del empleo y generará aún más empleo”.

A las acusaciones de Garamendi sobre que el Ministerio de Trabajo ‘hace política’, Antonio Maíllo respondió que “claro que la hace, eso no es nuevo y hace política desde el primer día, y está haciendo muy buena política”.

Apostilló que “hay que celebrar que siga haciendo política, aunque al señor Garamendi no le guste esa política. Esa fue la línea para la que fue elegido este Gobierno y por la que muchos de nosotros estamos trabajando, para que las condiciones de vida de la gente sean mejores cuando acabe esta legislatura que cuando empezó”.

Enrique Santiago advierte en el Congreso de que es “urgente” conseguir que “la derecha saque sus garras de la justicia o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste” El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar lamenta justo antes de que se votara a las personas elegidas como vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el ‘secuestro’ del anterior órgano de gobierno de los jueces por el PP durante cerca de seis años “va a concluir sin coste alguno para los ‘secuestradores’, y eso debilita a la democracia”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha advertido esta noche en el Pleno del Congreso que es “urgente” conseguir que “la derecha saque sus garras de la justicia o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste”.

Durante su intervención justo antes de que se votara nominalmente a las personas elegidas para formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la parte que le corresponde a la Cámara Baja, Santiago lamentó que el ‘secuestro’ del anterior órgano de gobierno de los jueces por la derecha del PP durante algo menos de seis años “va a concluir sin coste alguno para los ‘secuestradores’, y eso debilita a la democracia”.

“El Partido Popular -denunció- solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses. Para liberar al ‘secuestrado’ hemos tenido que pagar un ‘rescate’: la aprobación de una proposición de ley para lavarle la cara al PP, porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma, ni los jueces van a elegir al gobierno del poder judicial”.

El diputado de IU constató cómo en todo este tiempo el Partido Popular “no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del poder judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy”.

“La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego” y en los “años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección de este órgano de gobierno judicial ha quedado claro que para los señoritos del PP la democracia no es más que su cortijo”.

Para que quedara constancia aún más clara del bloqueo antidemocrático perpetrado por la derecha recordó que fue “el 26 de noviembre del 2013 cuando el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado 11 años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado”.

En esta misma línea, advirtió de que con la proposición de ley aprobada unos minutos antes para futuras renovaciones del CGPJ “sin enmiendas” y “exclusivamente por el PP y el PSOE”, lo que ocurrirá es que “se va a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país”.

Alertó de que, entre otros efectos, “esto va a ayudar al PP a seguir teniendo la justicia a su servicio”. Y llegado a este punto, avisó del “lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge”. Se refería claramente al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de instrucción 41 de Madrid, que ayer citó a declarar a Pedro Sánchez como testigo.

“Estos excesos judiciales son consecuencias de tanto oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo”, apostilló Santiago.

Indicó que la obligación de “quienes sí respetan las reglas de la democracia” es “tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del poder judicial, que ha organizado la ‘guerra jurídica’ contra quienes consideran sus enemigos”.

Frente a aquellos partidos que van dando ‘lecciones’ a los demás, indicó que “para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España, de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que ha faltado al bipartidismo en estos últimos 50 años y que lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer”.

Propuestas de cambios concretos

Entró de lleno en la parte propositiva y enumeró entre estas medidas “en primer lugar, aprobar un nuevo CGPJ, que nunca podrá ser peor que el todavía vigente. Un CGPJ que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos”.

“A continuación -prosiguió-, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, a derogar la ‘reforma mordaza’ de la Ley de Seguridad Ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión”.

Para Enrique Santiago, “también hay que acabar con la ‘guerra jurídica’ de la derecha” y esto se consigue “trasladando la instrucción penal a la Fiscalía; permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades, como a cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales”.

Concluyó con este claro aviso: “pero esto no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, lo tenemos que hacer los grupos del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas parlamentarias de este país. Esa es hoy la urgencia democrática y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental”.

Maíllo tacha de “absolutamente espurio” el caso contra la esposa de Sánchez y pregunta “qué más señales quiere el PSOE” para impulsar reformas e impedir que siga la “política desde los tribunales” El coordinador federal de Izquierda Unida afirma durante una rueda de prensa con Unai Sordo que frente a la “regresión democrática” que protagonizan la derecha del PP y la ultraderecha, el “procedimiento judicial con fines políticos” contra Begoña Gómez “debería servir de señal, y eso esperamos, para que el Partido Socialista tenga ya la convicción de que solamente se puede combatir con mayor profundización democrática y no ser timoratos en las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito del Poder Judicial y de los derechos”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha tachado esta mañana de “caso absolutamente espurio” y de “procedimiento judicial con fines políticos” la instrucción que lleva a cabo un juez de Madrid sobre supuestas ilegalidades en la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este contexto, Maíllo lanzó lo que él mismo califico de “pregunta retórica” e interrogó sobre “qué señales más necesita el PSOE para advertir que solo desde una profundización en las reformas del Poder Judicial puede abordarse realmente una estructura democrática y que esta no sea utilizada con intereses espurios para hacer política desde los tribunales de justicia”.

Antonio Maíllo hizo esta valoración en rueda de prensa tras conocer con detalle durante la reunión que mantenía una delegación de la dirección federal de IU que él encabezaba, con otra de CCOO, liderada por su secretario general, Unai Sordo, en la sede del sindicato, que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citaba a declarar a Sánchez la próxima semana como testigo. El juez cumple así al pie de la letra las peticiones hechas por las acusaciones, encabezadas por el partido de extrema derecha Vox, junto a un conjunto de conocidas asociaciones y grupos ultras promotoras de la causa, iniciada a partir de recortes de prensa con la inclusión de bulos cuya falsedad ya quedó demostrada.

“La regresión democrática es un hecho”, comenzó Maíllo su análisis. “El mantenimiento de la ‘ley mordaza’ es una pesadilla y determinados artículos del Código Penal tienen que ser derogados. Tenemos que conseguirlo en esta legislatura”, prosiguió.

El máximo responsable de Izquierda Unida destacó que “damos todo el impulso para conseguir volver a un marco democrático y de desarrollo pleno de nuestros derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución, como pueden ser el derecho de huelga o el derecho a la información, y que se desarrollen con todas las garantías democráticas”.

En esta línea, incidió en que “hay tantas señales que nos dan diariamente, que es necesario reflexionar. Hoy se ha conocido que el juez Peinado ha convocado al presidente del Gobierno como testigo de la instrucción que lleva con el asunto de su esposa”.

A juicio de Antonio Maíllo, “este caso absolutamente espurio, de un procedimiento judicial con fines políticos, debería servir de señal, y eso esperamos, para que el Partido Socialista tenga ya la convicción de que solamente se puede combatir con mayor profundización democrática y no ser timoratos en las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito del Poder Judicial y en el ámbito de los derechos”.

Recuperar la responsabilidad civil de los jueces

Advirtió que si no se actúa de esta manera “lo único que se constata es que la lectura que sale de los sectores profundamente reaccionarios de nuestra sociedad, los mismos que están encastrados en posiciones fundamentales del Estado de Derecho, es que lo interpretan como una posición de que sus estrategias son eficaces en términos de freno a cualquier reforma profunda del Poder Judicial y de la profundización democrática del Estado”.

Recordó a los medios cómo el Gobierno de Mariano Rajoy “modificó la ley y eliminó la responsabilidad civil de los jueces cuando estos tienen acciones evidentemente injustas o contrarias a la administración de justicia a la que están obligados. Eso significa que los jueces no tienen que responder ante sus hechos”.

“Recuperar esa responsabilidad civil -destacó- es volver a un espacio de normalidad que hemos tenido durante muchos años en nuestro país. Lo que es anómalo es esa eliminación”.

Y fue ahí donde incidió al afirmar que “mi pregunta retórica es qué señales más necesita el PSOE para advertir que solo desde una profundización en las reformas del Poder Judicial puede abordarse realmente una estructura democrática” y que esta no sea utilizada con intereses espurios para hacer política desde los tribunales de justicia”.

 

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Antonio Maillo, Coordinador federal de Izquierda Unida, ha manifestado que PP, Vox y Junts eligen la insolidaridad y el racismo. Podrán disfrazarlo con eufemismos, pero las derechas no están a la altura de nuestro país. Rechazar la reforma de la Ley de Extranjería es, por encima de todo, un acto de inhumanidad. No nos rendimos. Somos tierra de acogida.

Por su parte, Sira Rego ministra de Juventud en el gobierno de coalición, también ha manifestado que el PP ha decidido ignorar a 6.000 niñas, niños y adolescentes que están solos en Canarias.
Han dicho “no” a sentarse a hablar para reformar el Art.35 de la Ley de Extranjería. 
Han elegido mirar a otro lado, ante una situación urgente e insostenible.

Tras semanas de perfil, el PP se ha quitado la careta: No necesita gobernar con Vox para actuar como Vox. Lo de la extrema derecha es insuficiente para un partido de derecha extrema que sólo hace política electoralista, cuando hay que garantizar la acogida digna de la infancia.

Los mecanismos voluntarios no funcionan: En 2023 las CCAA sólo han acogido al 15% de los menores que se comprometieron a acoger, pese a contar con el apoyo financiero del Gobierno. Ni se cumple con lo acordado, ni con los derechos de la infancia.

La migración es un fenómeno estructural y dinámico. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia seguiremos trabajando para no dejar a nadie atrás: ningún niño, niña. Ningún territorio.

Ahora el PP tendrá que explicar por qué no se ha sumado a la defensa de los derechos de la infancia y hace la mismas políticas que los partidos nazis y fascistas de Europa, incluída España.

El diputado Nahuel González reclama al ministro Torres que explique todas las “medidas que va a adoptar para el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática sin más dilación” El parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Memoria del Grupo Plurinacional Sumar registra una iniciativa en el Congreso donde lamenta que esta importante ley “no se está aplicando en su totalidad” y, sobre todo, la “permisividad” en aquellas comunidades autónomas “donde la derecha pretende aprobar las llamadas ‘leyes de concordia’, que consideran de igual forma a víctimas y verdugos”

El diputado valenciano de Izquierda Unida y portavoz en temas de Memoria Democrática del Grupo Plurinacional Sumar, Nahuel González, reclama al responsable de esta materia en el Gobierno de coalición, el ministro Ángel Víctor Torres, que explique por escrito, entre otras cuestiones, “qué medidas piensa adoptar para el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática sin más dilación”.

González recuerda en la iniciativa registrada en el Congreso que el pasado 21 de mayo, a propuesta del Grupo Socialista, se debatió en el Pleno una proposición no de ley sobre garantía de la aplicación de las políticas de Memoria Democrática. “Durante dicho debate se recordó que el Pleno aprobó por unanimidad en el año 2004 dignificar, reconocer y reparar a las víctimas de la guerra y el franquismo, propuesta que sigue pendiente y con el plazo al que se comprometió el ministro Torres que finaliza en este periodo de sesiones”.

El diputado de IU lamenta que esta importante ley “no se está aplicando en su totalidad” y, sobre todo, la “permisividad” en aquellas comunidades autónomas “donde la derecha pretende aprobar las llamadas ‘leyes de concordia’, que consideran de igual forma a víctimas y verdugos”.

Nahuel González plantea en el apartado concreto donde solicita más información si está previsto “activar de manera inmediata aquellas cuestiones como el catálogo de lugares de la Memoria que ya debería estar publicado” y, de ser así, “en qué fecha” se haría. Además, se interroga sobre “cuándo se pretenden poner en marcha las comisiones de investigación y las disposiciones sobre cómo se aplicará la ley y, en su caso, su desarrollo reglamentario”.

El parlamentario subraya que “a pesar del empeño de la derecha y de la extrema derecha por incumplir la Memoria Democrática”, hay que preservar “el legado de quienes lucharon contra el franquismo y fueron víctimas de la guerra” frente a los continuos intentos de los que buscan “impedir dignificar a quienes, siendo víctimas, sufrieron y aún sufren el menosprecio”.

Enrique Santiago reclama conocer de urgencia tras el grave fallo de Microsoft qué medidas habrá “para reducir la gran dependencia de sectores estratégicos españoles en softwares privados” El portavoz parlamentario de Izquierda Unida plantea al Gobierno en una iniciativa que firma con el también diputado de Izquierda Unida Fèlix Alonso si tiene previsto “invertir en tecnologías nacionales y públicas que aporten mayor soberanía e independencia tecnológica” a España, además de recabar datos sobre “en qué medida afectan este tipo de fallos a la seguridad nacional”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, se ha dirigido esta mañana de forma urgente al Gobierno, tras comprobar el “más que importante” alcance del “fallo masivo en el funcionamiento del sistema operativo Windows (de la multinacional Microsoft), que ha obstaculizado la actividad de empresas de los sectores de la banca, el transporte aéreo, los medios de comunicación y otras industrias”, tanto en España como a nivel internacional.

Santiago ha registrado una iniciativa, que firma junto al también diputado de IU Fèlix Alonso, donde reclama a los responsables competentes del Ejecutivo que detallen, además de qué hacer “a corto plazo”, qué medidas preventivas y alternativas pueden establecerse “a medio y largo plazo para reducir la gran dependencia que tienen las empresas de sectores estratégicos de la economía nacional en softwares de compañías privadas con capital extranjero” y si piensa “invertir en tecnologías nacionales y públicas que aporten mayor soberanía e independencia tecnológica”.

La mayoría de medios coinciden en que la causa del grave fallo informático parte de un error crítico en el inicio de los dispositivos que funcionan con el sistema operativo, conocido como ‘pantalla azul de la muerte (BSOD)’, motivado todo ello “aparentemente, por la última actualización del software de seguridad ‘CrowdStrike’ que emplea Microsoft para el sistema Windows”.

De esta forma los dispositivos y servidores que lo tienen instalado ‘se están desconectando de la red y entrando en un ciclo de reinicio interminable’, según señalan las informaciones.

Multitud de aeropuertos a nivel mundial, entre ellos algunos de los más destacados en nuestro país, se han visto afectados por este fallo a gran escala. Enrique Santiago y Fèlix Alonso lamentan, a su vez, los importantes efectos en numerosas instancias públicas y compañías privadas de nuestro país, además de Aena. Entre ellas están el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT), servicios de salud de varias comunidades, también los que gestionan directamente centros hospitalarios en varios territorios, y empresas como Visa, Repsol o Bizum, entre muchas otras, todos ellos con sistemas informáticos de la compañía Microsoft.

Ambos diputados de IU reclaman también por escrito la “opinión” del Ejecutivo sobre el hecho de que estos errores causados por “empresas privadas con capital extranjero puedan desestabilizar la situación de tantas empresas clave y con participación pública en nuestro país”. Además, interrogan de manera concreta “en qué medida afectan este tipo de fallos a la seguridad nacional”.

El mecanismo de acogida de menores que propone la reforma del artículo 35 tiene en cuenta criterios socioeconómicos como:

Distribución de la población en las CCAA.  Renta per cápita. Esfuerzo previo en las políticas de acogida.

Quien decide subirse a una patera en la que se juega la vida es porque lo que deja atrás es todavía peor. Como sociedad democrática tenemos que hacer un esfuerzo por humanizar y garantizar los derechos de la infancia migrante.

 

Escucha la estrevista realizada a nuestra compañera en:

https://www.youtube.com/watch?v=sZamM6bFO-Q

Queridxs amigxs, estamos muy contentas de anunciaros que este martes hemos dado inicio a nuestro programa de radio Arruba en la radio comunitaria Radio Iris 7 que emite en la 100.0 de la FM.
Lo podéis escuchar de 9 a 10 de la noche el primer y tercer martes de cada mes.

Hablaremos desde una perspectiva crítica de temas que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres acompañado por música y algún toque de humor. Nos vemos en las ondas! 
Para quién no pueda escucharlo a esa hora aquí podéis descargarlo https://acortar.link/zyoGnH

Esterilización y tratamiento veterinario gatos sin hogar Aranda de Duero FeliniSave: Gestión de colonias felinas

El dinero recaudado a través de teaming irá destinado a cubrir gastos veterinarios de los gatos callejeros y ferales (desparasitaciones, curas, medicamentos, esterilizaciones...) mejorando de manera directa las condiciones de vida de los gatos callejeros en un municipio donde la Administración no ampara a los gatos callejeros con ninguna medida de Protección animal.

 

Francisco Sierra y Enrique Santiago presentan dos iniciativas para promover el pluralismo y luchar contra la desinformación con un Consejo Estatal de Medios y mejor publicidad institucional.