Desde las agrupaciones locales de Izquierda Unida y Podemos de Aranda de Duero queremos trasladar nuestra solidaridad y a poyo a los vecinos y vecinas de los distintos municipios de Castilla y León afectadas por los incendios forestales. También con las personas afectadas del resto del estado, especialmente con quienes perdieron la vida por culpa de los incendios.
El verano de 2025 está siendo el más dramático que recuerda Castilla y León en cuanto a incendios forestales. Más de ciento cincuenta mil hectáreas han sido calcinadas en nuestra tierra, dejando tras de sí un paisaje devastado, ecosistemas arrasados y familias que han visto peligrar su modo de vida. Los fuegos han devastado enormes superficies de León, Zamora, Palencia, Salamanca y Ávila. Espacios Patrimonio de la Humanidad, como las Médulas o zonas de altísimo valor ambiental como el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre; el Parque Natural de la Montaña Palentina y el Parque Natural de la Laguna de Sanabria.
Estos incendios se desatan durante un verano en el que la crisis climática actúa con temperaturas cada vez más extremas, olas de calor prolongadas y sequías recurrentes que convierten nuestros montes y campos en un polvorín. Por eso es más necesario que nunca reforzar tanto las políticas de prevención de incendios como las de gestión forestal sostenible y dotar de recursos estables a los servicios de extinción. En lugar de eso, desde hace más de una década, la Junta ha optado por la improvisación y la precarización del servicio, teniendo brigadas que trabajan solamente tres meses al año, cortafuegos en mal estado, masas forestales abandonadas y falta de coordinación en la respuesta ante una emergencia por fuego.
Pese a tods los factores mencionados, la mayoría de incendios no son una catastrofe natural inevitable: son la consecuencia directa del abandono institucional y de una gestión forestal irresponsable por parte de la Junta de Castilla y León.
No podemos obviar, además, el impacto socioeconómico de esta realidad. No podemos obviar, además, el impacto socioeconómico de esta realidad. La despoblación, la falta de personas que se dediquen a la ganadería extensiva y la pérdida de los paisajes en mosaico tradicionales han incrementado la vulnerabilidad de nuestros montes. Sin una política activa de dinamización rural y de recuperación de prácticas sostenibles, los incendios seguirán encontrando el terreno abonado para expandirse.
Lo sucedido este verano demuestra que en Castilla y León no solo estamos ante un problema ambiental, sino también ante una cuestión de justicia social y de modelo de gestión pública. Es imprescindible construir un operativo de prevención y extinción profesional que sea 100% público, permanente, dotado de recursos y con personal en condiciones dignas. Solo así podremos proteger nuestros montes, nuestra biodiversidad y a las comunidades rurales que hoy se sienten desamparadas.
Por todo ello y en sintonía con los propios bomberos forestales directamente implicados en la extinción de esos incencios, consideramos básico que cuenten con una norma, el Estatuto de Bomberos Forestales, que reconozca su estatus profesional y una garantías de trabajo dignas. Hablamos, en definitiva, de garantizar unos servicios públicos de calidad y de cuidar a quien nos cuida.
Así mismo, urge igulamente una coordinación de todos los servicios de prevención y extinción de incendios a través de una norma que respete la legislación de los distintos niveles de competencia, pero que permita una mejor colaboración entre los cuerpos para afrontar cualquier emergencia.
Por todo ello, proponemos los siguientes acuerdos:
Exigir a la Junta de Castilla y León una política clara en la lucha contra los incendios forestales, aumentando los recursos públicos dedicados almantenimiento y conservación de nuestras áreas forestales.
Instar a la Junta de Castilla y León para que cambie su gestión forestal para orientarla a la prevención de incendios adaptada a las características y necesidades específicas de cada territorio y con criterios de conservación de la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático.
Instar a la Junta de Castilla y León a la realización de un Plan de autoprotección para las localidades de comarcas forestales, además de un plan de gestión de la interfaz urbano-forestal para que no peligren las vidas ninuestros pueblos.
Instar a la Junta a que el operativo de prevención y extinción de incendios sea totalmente público y funcione durante todo el año mediante la aprobación de una Ley de Bomberos y Bomberas forestales en las Cortes de Castilla y León.
Erradicar la precariedad y la temporalidad de los bomberos forestales, impulsando su reconocimiento profesional mediante formación y retribución adecuadas acabando con la externalización y la privatización de un servicio público esencial y avanzando a paso firme hacia la internalización de las plantillas como personal de la administración.
Instar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León, a aprobar un Plan de Resilencia y Recuperación, para Castilla y León, dedicando los esfuerzos económicos y de medios necesarios para compensar a las vecinas y vecinos afectados por los incendios y en recuperar las zonas calcinadas.
Exigir al Ministerio de Transición Ecológica que desbloquee y acelere la tramitación de la Ley del Estatuto de bomberos forestales para que cuanto antes pueda iniciar su trámite parlamentario.
Instamos al gobierno del Estado a que, de acuerdo con las demás comunidades autónomas, aborde un proceso de reforzamiento del servicio público mediante personal, medios y fondos a la altura de los peligros que la emergencia climática nos plantea.
Asimismo, instamos a todas las fuerzas políticas en el Congreso a apoyar una tramitación de la Ley de Coordinación de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) que refuerce el servicio público y la garantías para la gente trabajadora que lo presta pueda hacerlo en las mejores condiciones que ya se encuentra en fase parlamentaria y está pendiente de la constitución de ponencia.
Elaborar planes destinados a las entidades locales para la reparación de los graves daños ocasionados por los incendios forestales en CyL, el fomento de su prevención y la ordenación de los montes.
Elaborar, en coordinación con los profesionales del área y la sociedad civil, un plan autonómico de mitigación y lucha contra el cambio climático.
La incorporación de la motobomba prometida y presupuestada, pero que no ha llegado a ejecutarse y cumplir el compromiso con la comarca de Aranda y la Ribera.
Exigir a la Junta de Castilla y León la dimisión del Consejero de MedioAmbiente, el Señor Juan Carlos Suarez-Quiñones como máximo responsablede la política forestal de la Junta de Castilla y León y responsable del serviciode prevención y extinción de incendios que tan mal ha funcionado en este 2025.
