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Noticias y Actualidad

LA FOTO DE LA DIGNIDAD DEMOCRÁTICA

La foto de la dignidad democrática. Hay que parar a la extrema derecha. Nos va la vida en ello.

La memoria les hace daño. El recuerdo de quienes lucharon por un mundo más justo y mejor sigue escamando a los que, a día de hoy, reivindican tiempos de inquina y represión y hace poco querían fusilar a 26.000.000 de español@s.

Aurora Picornell fue el compromiso con la lucha por los derechos laborales y de las mujeres, lo que la puso en el punto de mira de los fascistas después del golpe de estado del 36, los mismos que acabaron con su vida a sangre fría un año después cuando Aurora tan sólo contaba con 26 años de edad y, ahora, de los herederos ideológicos del nazismo, el fascismo y el franquismo asesinos que pudren la democracia cada día



EL OBJETIVO DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: LA SOLIDARIDAD ENTRE TERRITORIOS

Antonio Maíllo defiende que reformar la financiación autonómica pasa por la “solidaridad entre territorios” y por evitar el “error” de que haya un “enfrentamiento entre comunidades”

El coordinador federal de Izquierda Unida coincide en destacar en una entrevista en televisión con lo expuesto en rueda de prensa por la coportavoz delegada de esta formación, Amanda Meyer, sobre que es el momento de “una actualización del modelo fiscal, que tiene que ser un modelo de cohesión, de solidaridad y tiene que afectar al conjunto del Estado”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, defiende abordar una futura reforma del modelo de financiación autonómica desde la “solidaridad entre territorios”, y con especial atención para no caer en el “error” de que haya un “enfrentamiento entre comunidades autónomas”.

Maíllo ha valorado durante una entrevista a primera hora de la mañana en Canal Sur que “cuando se habla de modelo de financiación ‘singular’ y se habla de ‘desagravio’, yo me tentaría la ropa y apelaría a subir el nivel del debate político”. Destacó que “el problema de esta especie de ‘financiaciones a la carta’ que surgen al calor de la coyuntura política” se debe primordialmente a que “no hay un acuerdo de financiación autonómica estable”.

En idéntico sentido se ha expresado la coportavoz delegada de Izquierda Unida, Amanda Meyer. Ha indicado que “necesitamos un modelo que garantice cohesión y solidaridad”, un modelo que necesita “una actualización” y también denunciar que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular “desnaturalizan las competencias autonómicas y vulneran también el derecho que tenemos para acceder a los servicios públicos”, a través de prácticas como “el ‘dumping fiscal’ o mediante las exenciones de los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones”.

Durante una rueda de prensa telemática, Meyer destacó que es momento también de “una actualización del modelo fiscal, que tiene que ser un modelo de cohesión, de solidaridad y tiene que afectar al conjunto del Estado. Estaremos de acuerdo con una actualización de ese modelo para el conjunto del Estado”.

Por su parte, Antonio Maíllo ha recordado que él estuvo en el grupo de trabajo del Parlamento andaluz, durante la última legislatura de Gobierno autonómico socialista, que con el respaldo de todos los grupos salvo Ciudadanos aprobó en 2018 un dictamen con unos contenidos que “puede ser la base de consenso de un modelo de financiación y un modelo estable”. Entre éstos, apuntó que aquel acuerdo priorizaba, entre otras cuestiones, el factor de población como elemento “determinante” para calcular la financiación.

El máximo responsable federal de IU ha denunciado el “disparate” que lleva a cabo el líder de la derecha andaluza y presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bobilla, “enfrentando territorios” a partir de la financiación. Destacó que “cuando se financia, se financian servicios, no territorios”.

Antonio Maíllo, al igual que Amanda Meyer, ha dirigido su mirada a la necesidad de una “responsabilidad fiscal”, porque no es de recibo que el Estado aporte financiación a una comunidad para su Educación y Sanidad y, a la vez, ese gobierno autonómico se afane en “disminuir sus ingresos bajándole los impuestos a los más ricos de tu territorio”.

De la misma forma, prefirió evitar especulaciones y recordó que “el artículo 206 del Estatuto de Cataluña plantea que los recursos de la Generalitat se ajustarán a lo que necesite el sistema estatal de financiación para garantizar una nivelación de servicios en todas las comunidades autónomas”.

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Meyer avisa de que la ‘regeneración democrática’ que pregona Sánchez pasa por “terminar con el secuestro de cinco años del PP al CGPJ” y señala las medidas concretas que ya presentó IU La coportavoz delegada de Izquierda Unida aboga por una “imprescindible” y profunda reforma “del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial” y una clara limitación de competencias al órgano de gobierno de los jueces a “las cuatro que estrictamente reconoce la Constitución y no las veinte que se arroga ahora” La coportavoz delegada de Izquierda Unida, Amanda Meyer, considera que la ‘regeneración democrática’ anunciada ya varias veces sin concretar por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a “las instituciones del Estado y a la Justicia” pasa ineludiblemente por “terminar con el secuestro de estos últimos cinco años por parte del Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)” y ha recordado que “desde Izquierda Unida y desde el grupo parlamentario de Sumar hemos trabajado una serie de medidas”.

 

En rueda de prensa telemática, Meyer expuso que estas medidas específicas inciden, entre otras cuestiones, en una “imprescindible” y profunda reforma “del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial”, además de una clara limitación de competencias al órgano de gobierno de los jueces.

 

Sobre este último asunto, indició en que “nuestra opinión es que las competencias se tienen que quedar en las cuatro que estrictamente reconoce la Constitución y ahora mismo son veinte las que se arroga el CGPJ”, al margen de que “España tiene que hacer como Portugal, Italia o Francia, que sea el Ministerio de Justicia quien tenga esas competencias y no el Consejo General del Poder Judicial”.

 

Años de dedicación al examen y desde luego hay que reformar las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Nuestra opinión es que se tienen que quedar en las cuatro que estrictamente reconoce el la Constitución y ahora mismo son 20 de las que las que se arroga el Consejo del Poder Judicial. Y nuestra opinión es que España tiene que hacer como Portugal, Italia o Francia, y que sea el Ministerio de Justicia quien tenga esas competencias y no el Consejo General del Poder Judicial.

 

Amanda Meyer, abogada de profesión, recordó también cómo Izquierda Unida ha registrado ya, a través del Grupo Plurinacional Sumar, una proposición de ley orgánica para modificar sustancialmente la forma actual de acceso a la carrera judicial, que data del siglo XIX. Explicó que no solo se necesitan “más becas” para igualar las oportunidades de quienes aspiren a ser juez o jueza, sino que “también hay que reformular el curso de acceso, el examen y garantizar que a quienes no lo sacan, por ejemplo el examen final, se les pueda convalidar como un máster de Práctica Jurídica para que puedan ejercer la abogacía, es decir, que su trabajo no termine en saco roto”.

 

Preguntada también sobre la propuesta anunciada por Sánchez para hacer frente a la ‘manipulación informativa’ y las ‘fake news’ que practican algunos medios y pseudomedios, indicó que “cuando veamos esas medidas en concreto, podremos opinar más”.

 

Alertó de que ahora hay una “dialéctica de la mentira” que aprovechan especialmente la derecha y la ultraderecha. A su juicio, la “mentira y el bulo” es una forma de corrupción “intolerable” que, además, sirve de “caldo de cultivo para los discursos de la derecha y de la extrema derecha”.

REFORMA INTEGRAL DE LA LEY PENITENCIARIA

Enrique Santiago demanda en el Congreso una “reforma integral de la Ley General Penitenciaria” que aborde “todos los problemas reales” del sistema de prisiones y no solo parches parciales El portavoz parlamentario en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar señala que la iniciativa propuesta por el PSOE, centrada solo en reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios a efectos legales, “tiene contenidos muy limitados e ignora buena parte de los problemas importantes”

 

El portavoz parlamentario en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha demandado hoy en el Pleno del Congreso una “reforma integral de la Ley Orgánica General Penitenciaria” para abordar de verdad “todos los problemas reales” que tiene el sistema penitenciario.

 

Santiago lo explicó durante su intervención para responder a la proposición presentada por el Grupo Socialista para modificar esta norma de 1979, pero solo para que se reconozca, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. “Por eso -detalló- nos sorprende esta proposición, de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario”.

 

El también portavoz parlamentario de IU apuntó que ese mismo reconocimiento de la condición de agente de la autoridad “es una reivindicación que tiene explicación, pero que choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos”.

 

Sin embargo, lamentó que la proposición del PSOE “se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios, el reconocimiento del principio de veracidad, el reconocimiento del principio de indemnidad y medidas para las situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios”. Aclaró que “a nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que reconoce esa veracidad”.

 

Antes de entrar en valoraciones técnicas, Enrique Santiago expresó con rotundidad “nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, de los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y de los servicios generales. Su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta de medios y de inversiones”.

 

De igual forma, manifestó “nuestro cariño con Nuria López, con su familia y sus allegados”, en alusión a la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) que fue asesinada el pasado 13 de marzo por un interno que luego se suicidó.

 

Recordó que la víctima “era personal laboral y ocurrió un hecho lamentable, que no tenía que haber ocurrido nunca, absolutamente excepcional e imprevisible”, pero también que “no se habría evitado aunque en marzo los funcionarios hubieran tenido ya el reconocimiento de agentes de la autoridad”.

 

El portavoz de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar señaló que “nos tenemos que enorgullecer de que España ha avanzado de forma sobresaliente durante estos últimos 40 años de democracia en materia de prisiones”, frente a la “vergüenza” de las cárceles que había tras el fin de la dictadura.

 

Criticó que desde determinados ámbitos “se inserte este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles y fuera de ellas”.

 

“ Es un discurso -dijo- que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance del discurso de las derechas” y puso un ejemplo de la semana pasada también en el Congreso “con el debate del endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto. Una reforma que consideraba habitual o masiva a una situación que no lo es y que proponía sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas”.

 

Advirtió que “estos discursos que aceptan el populismo punitivo y que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha”. Por el contrario, insistió en que “España tiene una tasa de criminalidad muy baja respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se coja. Somos uno de los países más seguros del mundo pero, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos por millón de habitantes que tiene Alemania o un 25% más que Italia y esto nos tiene que hacer reflexionar”.

 

Para Santiago, las demandas que contiene la propuesta socialista “en la práctica no van a suponer un cambio que mejore la protección de los funcionarios” y apuntó que “hoy, prácticamente en la totalidad de los casos en los que se juzgan agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas”.

 

Falta de medios especializados y deficiencias sanitarias El diputado de IU sugirió que si la proposición a debate era tomada finalmente en consideración “se incluyan en su tramitación propuestas que solucionen los graves problemas que tienen las cárceles: como la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones”.

 

“También las deficiencias de los servicios sanitarios y de salud, la falta de personal médico y de enfermería, la mala remuneración de los que se desempeñan profesionalmente, la falta de medios técnicos para atender a los internos”, enumeró.

 

Enrique Santiago citó también “la preocupante ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas”. Puso el ejemplo de que un médico/a que tiene que atender a un interno “no puede acceder a su expediente sanitario en los sistemas de atención públicos de salud, salvo en las comunidades autónomas navarra, vasca y catalana, las únicas que han abordado este problema con seriedad, incorporando los servicios sanitarios penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de esas comunidades”.

 

Recodó que “el traspaso de la sanidad de prisiones a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas está previsto en la ley hace años”, por lo que la pregunta que hay que hacerse es “¿por qué 14 de las 17 comunidades autónomas no han dado este paso?”.

 

A su juicio, “esto sí que provoca situaciones de degradación de la convivencia en las prisiones y multiplica la peligrosidad debido a los problemas de salud, de salud mental, demasiado frecuentes entre los internos. ¿Se imaginan lo que es tener una persona con problemas de salud mental y que no esté recibiendo el correspondiente tratamiento?”

 

Abogó también por la necesaria de “incorporar el principio de igualdad de trato y no discriminación”, ya que se debe “garantizar que toda la actividad penitenciaria cumple con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y hoy no se cumple. Las mujeres internas deben tener las mismas posibilidades de intervención tratamental y de clasificación interior que tienen los hombres internos”.

Acuerdo para el despliegue de planes de igualdad LGTBI

En concreto, la norma establece que las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta norma, "con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI".

Yolanda Díaz ha anunciado que ha llegado a un acuerdo tripartito para los planes de igualdad LGTBI. Seremos el primer país de Europa que regula el trabajo de las personas LGTBI en España.

¡¡¡LA PARTE SOCIAL DEL GOBIERNO!!!

LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

El Ministerio de Trabajo acelera la reducción de la jornada laboral para confirmarla antes de que finalice 2024 Se organiza a la mesa de diálogo que aborda esta cuestión para que se reuna todas las semanas hasta cerrar un acuerdo. Mientras, la patronal sigue poniendo escollos en la actividad del gobierno al querer compensar la reducción de jornada ampliando las horas extra permitidas.

El Ministerio de Trabajo ha establecido una hoja de ruta para lo que queda de año con una prioridad clara: la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz, avanzó la pasada semana que, una vez cerrado el acuerdo sobre los planes de Igualdad LGTBI en las empresas, esta mesa centrará todos los esfuerzos de la agenda social y laboral.

La reducción de la jornada es uno de los compromisos firmados entre el PSOE y Sumar en el acuerdo de coalición de Gobierno. "Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales", recoge el documento, que establece que su aplicación se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. Además, está incluido en el Paln normativo para 2024 presentado por el Gobierno en abril (que recoge las medidas que el Ejecutivo quiere aprobar este año).

La mesa de diálogo que aborda esta cuestión inició sus trabajos el 25 de enero, aunque en los primeros dos meses (hasta marzo) sólo se celebraron dos reuniones, y después ha continuado avanzando eclipsada por los continuos procesos electorales. Este lunes se ha celebrado la cuarta reunión de este foro y se han sacado algunas conclusiones claras.

La primera es que la mesa de diálogo social bipartita ha llegado a su fin sin ningún consenso. Hace meses, los agentes sociales informaron a Trabajo de que abrirían este espacio de diálogo y eso hizo que desde el Ministerio de Trabajo decidieran esperar para ver si los representantes de trabajadores y empresas podían establecer unos mínimos comunes (de ahí que Trabajo no haya presentado ningún documento a día de hoy pese a que la mesa arrancó en enero).

Tras constatar la ausencia de consensos en el diálogo bipartito, nuestros representantes en el gobierno se suman a la negociación para acelerar la reforma, por lo que se ha acordado celebrar reuniones todas las semanas hasta poder cerrar un acuerdo. Yolanda Díaz, además, remitirá un documento a los agentes sociales para empezar a trabajar. La siguiente reunión se celebrará el lunes de la próxima semana.

El objetivo es el de cerrar un acuerdo antes del parón estival. No se quiere forzar poniendo un plazo el Ministerio de Trabajo tiene un interés superlativo en cerrar esto cuanto antes  Aunque la prioridad de Comisiones Obreras y de UGT, y también del Ministerio de Trabajo, es un acuerdo tripartito, no se descarta que se priorice una reforma acelerada en los términos planteados en el acuerdo de coalición de Gobierno sin la patronal, si el empresariado opta por tratar de dilatar más los tiempos.

La mesa de diálogo social para abordar la reducción de la jornada coge velocidad crucero para tratar de aprobar cuanto antes una de las medidas estrella de la que en Trabajo denominan como "la legislatura del tiempo".

 

FUENTES: Ministerio de Trabajo. Diario Público

Crisis de la cobertura médica en verano

La falta de cobertura médica durante el verano es un problema recurrente en España. Este año, la situación se ha visto agravada por la pandemia y el retraso en la disponibilidad de los médicos internos residentes (MIR). Aproximadamente 2.500 MIR de último año están siendo utilizados para “parchear” la falta de médicos en atención primaria durante el verano.

El turismo, tanto interior como exterior, también aumenta la demanda de atención médica, ya que muchos pacientes crónicos regresan a sus localidades natales o se desplazan de vacaciones. A pesar de los esfuerzos realizados, no se ha alcanzado un acuerdo para resolver este problema, y los centros de atención primaria podrían verse gravemente afectados. La falta de médicos se percibe con mayor intensidad en zonas turísticas, donde la demanda de servicios sanitarios se incrementa significativamente durante el verano.

La situación se ve agravada por la falta de previsión en la cobertura durante décadas, la insuficiencia de presupuestos en las Comunidades Autónomas, la precarización del empleo y la fuga de personal sanitario. Además, la falta de tratamiento de las plazas de difícil cobertura y en las zonas rurales agrava aún más la situación y da paso a las inequidades en materia de acceso a la sanidad y en la salud. En las zonas rurales la población flotante aumenta en verano. En muchos pueblos llega incluso a triplicar el número de personas empadronadas. Sin embargo, es habitual que en esta época del año se recorten servicios para dar vacaciones, por falta de personal y de previsión

Las CCAA, a pesar de tener gran parte de las competencias, y sobre todo las CCAA dirigidas por el PP, siguen sin asumir su responsabilidad.

Desde hace años, los recortes presupuestarios, la mala gestión y la derivación de recursos públicos a la sanidad privada están poniendo en grave peligro la calidad de la atención sanitaria pública, de manera que se promueve la privada, y todo ello dentro de una concepción neoliberal de la distribución de recursos que deriva gran cantidad de fondos públicos a la privada.

A corto plazo, consideramos imprescindible una planificación en base a los recursos y a los efectivos que tenemos para este verano, incidiendo especialmente en las plazas de difícil cobertura e incentivándola, y en un reordenamiento de efectivos.  

La solución a medio y largo plazo pasa por una mejora cualitativa de las condiciones laborales y la calidad de la atención, implementando especialidades de apoyo en la atención primaria.

Desde Izquierda Unida pedimos:

Más financiación para la sanidad pública:

Incrementar la inversión pública hasta alcanzar un presupuesto sanitario equiparable a la media de la Unión Europea. Financiar adecuadamente la atención primaria, especialmente en áreas rurales. Presupuestos finalistas. Garantizar que el aumento del presupuesto sanitario únicamente vaya a la sanidad pública. Ni a conciertos ni a modelos público-privados. Reparto del gasto evitando el hospitalocentrismo: Dotación de un 25% para Primaria. Mejoras en atención primaria: Dotar de recursos materiales y humanos suficientes a los centros de salud. Asignar recursos y dimensionar plantillas teniendo en cuenta variables como la dispersión y la situación socioeconómica. Hacer más atractivas las plazas de medicina familiar y aumentar la tasa de reposición. Garantizar la apertura real de todos los consultorios y prestar atención sanitaria presencial. Aumento del personal administrativo para descargar de burocracia a MAP.

Mejoras en hospitales y centros de especialidades:

Invertir en recursos propios en lugar de derivar a empresas privadas. Planificar una red racional de hospitales públicos, fomentar los Hospitales comarcales en atención a las necesidades concretas de cada zona y reforzar los servicios de salud mental para conseguir el objetivo de reducción de psicofármacos. Prestar especial atención a colectivos vulnerables y mujeres. Fortalecimiento de la Atención Primaria y dotación de especialidades.

Reducción de listas de espera:

Aumentar los medios propios para reducir las listas de espera quirúrgicas, de consultas externas y de pruebas diagnósticas.

Mejoras laborales y profesionales:

Mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública. Dedicación exclusiva de los y las profesionales. Incompatibilizar el trabajo en la sanidad pública y en la privada. Incentivar la exclusividad de la sanidad pública. Formación de postgrado en el sistema público y plazas suficientes en Universidades públicas.

Atención a las personas más vulnerables:

Prestar atención a las personas mayores preferentemente en su medio y garantizar el acceso a la sanidad y la atención sociosanitaria.

Protección de la sanidad pública:

Cumplir la ley de sanidad vigente y limitar las externalizaciones a casos excepcionales y transitorios.

Medidas de contingencia para este verano

Incentivar la selección de periodo vacacional fuera del verano. Incentivar y hacer más atractiva la elección de plazas de difícil cobertura. Salario y/o puntos en bolsa/estabilización.

La sanidad pública a medio y largo plazo

La atención primaria no se va a salvar únicamente aumentando el número de médicos. Además, para ello se necesitan 11 años para tener un facultativo especialista formado entre la educación universitaria y formación sanitaria especializada. Por ello cabe un cambio de paradigma en la forma de entender la sanidad donde la multidisciplinariedad debe tomar partido. Por ello proponemos:

Incluir otras especialidades sanitarias dentro de la cartera de atención primaria: farmacia, nutrición, fisioterapia, podología, psicología… Distribuir las funciones bajo la coordinación de Medicina Familiar y Comunitaria bajo las demás especialidades ya mencionadas para disminuir la carga de trabajo a MFyC y hacerla una especialidad más atractiva a los MIRes.

SER, PARA ARTICULAR ALIANZAS

Necesitamos mucha piel en esta nueva etapa.

Izquierda Unida
 tiene el arraigo en todo el país para articular alianzas que son fundamentales: las de gente diversa que puede soportar una organización.

¡¡¡ PARA ESO NACIÓ IZQUIERDA UNIDA!!!

NUEVA ETAPA

"En la nueva etapa tiene que haber dos cosas. No puedes ir a un espacio con otras organizaciones sin renunciar a máximos y tienes que renunciar a máximos si quieres llegar a un acuerdo con otros.

Y el método en la toma de decisión y en la gestión de los desacuerdos. Si no hay método, no hay una cultura que nos una, no hay complicidad en la toma de decisiones y no hay una implicación de todos."

https://www.eldiario.es/politica/antonio-maillo-cerrado-ciclo-politico-comenzo_1_11450397.html

SOMOS PREVISIBLES: NADIE DUDA DE LAS POLÍTICAS QUE DEFENDEMOS

La vida política debe parecerse al día a día de las personas y al modelo de sociedad que queremos.

En Izquierda Unida somos previsibles: nadie duda de las políticas que defendemos.

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@MailloAntonio

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