IU impulsa a través del grupo de Sumar que el Congreso “condene y repudie” los “atroces crímenes internacionales y torturas” del régimen israelí contra el pueblo palestino Registra una proposición no de ley unos días antes de que se cumpla un año de la escalada genocida para que la Cámara Baja inste al Gobierno que exija “en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, que Israel ponga fin a todas las formas de castigo colectivo contra el pueblo palestino, reiterando el inmediato cese al fuego en la Franja de Gaza y frenando la violencia en contra de la población civil en Cisjordania y Jerusalén Este”

Izquierda Unida ha impulsado a través de su portavoz parlamentario en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, una proposición no de ley (pnl) para debatir en el Pleno que busca que el Congreso “condene y repudie” los “crímenes internacionales atroces, torturas y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante que Israel está cometiendo contra las palestinas y palestinos” desde hace ya casi un año.

En esta línea, la iniciativa ya registrada en la Cámara Baja insta también al Gobierno a “exigir, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, que Israel ponga fin a todas las formas de castigo colectivo contra el pueblo palestino, reiterando el inmediato cese al fuego en la Franja de Gaza y frenando la violencia en contra de la población civil palestina en Cisjordania y Jerusalén Este”.

El texto, que firman también junto a Santiago los/as también diputados/as en el Grupo Plurinacional Txema Guijarro, Engracia Ribera, Félix Alonso, Agustín Santos y Tesh Sidi, incide en el hecho de que el Estado palestino reconocido por España lleva casi un año “asediado por una operación militar de castigo colectivo que ha generado una catástrofe humanitaria sin precedentes”. Esto ocurre “en un contexto marcado por la ocupación ilegal prolongada por 76 años y caracterizada por la imposición de un régimen de ocupación y ‘apartheid’ que representa una violación sistemática del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de las resoluciones de Naciones Unidas”.

Desde el Grupo Plurinacional Sumar se refleja y resume en cifras la atrocidad que vive la población civil palestina debido a la ofensiva militar del régimen israelí, que ha perpetrado ya no solo más de 41.000 asesinatos, sino cerca de 100.000 personas heridas (datos recogidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios a fecha 10 de septiembre). Además, “el 90% de la población gazatí se encuentra en situación de hambre y 495.000 personas se encuentran en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, incluyendo el mayor número de niños y niñas reportadas en situación de guerra, en medio del sistemático bloqueo de los corredores humanitarios, la destrucción indiscriminada de escuelas, refugios, hospitales y de las llamadas zonas humanitarias”.

La proposición no de ley reclama de forma destacada en su parte propositiva que el Gobierno “denuncie y condene esta escalada de la violencia ejercida con total impunidad” no solo en Gaza, sino también “por parte de los colonos de los asentamientos ilegales contra la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este, con la participación, colaboración o connivencia del Ejército de Israel”.

En esta línea, pide “reconocer, de acuerdo con la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), emitida el pasado 19 de julio, la ilegalidad de la ocupación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, denunciar la expansión de los asentamientos ilegales y apoyar los esfuerzos para proteger los derechos de la población palestina”.

Acabar con los asentamientos ilegales

La PNL exige, a su vez, “en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, que Israel cumpla con sus obligaciones de desmantelar los asentamientos ilegales en los TPO, la reparación a las víctimas y a las personas palestinas afectadas por la ocupación ilegal, la restitución de tierras y otros bienes muebles e inmuebles expropiadas ilegalmente, la compensación a las víctimas y que cumpla con todas sus obligaciones internacionales”.

A nivel legislativo en el ámbito internacional, se solicita “apoyar y continuar colaborando con el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional para que se pueda continuar investigando y juzgando a Israel como Estado agresor por sus continuas violaciones de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario contra el pueblo palestino”.

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Izquierda Unida estará presente en el acto organizado por la coalición Sumar para presentar sus propuestas y prioridades de cara a la elaboración y negociación posterior de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

El portavoz parlamentario y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, acude en representación de la dirección federal, además de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como integrante de IU en la parte del Gobierno progresista que compone la coalición Sumar.

Izquierda Unida impulsa en el Congreso una iniciativa para “excluir de las ferias de defensa y seguridad en España a las empresas israelíes que participan en el genocidio del pueblo palestino” La proposición no de ley que coordina el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, busca que se cumpla la legislación internacional e impedir que en la próxima Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) de 2025, que organiza la fundación del mismo nombre fundada por el Ministerio de Defensa, estén presentes empresas del régimen israelí, como ya han hecho otros países

Izquierda Unida ha impulsado dentro del Grupo Plurinacional Sumar a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a que adopte todas las medidas oportunas para “excluir a las empresas israelís o participadas por capital israelí que pretendieran participar en las ferias armamentísticas de defensa, seguridad o relacionadas con dichos sectores, tanto privadas como con colaboración pública, que se organicen y celebren en España”.

La iniciativa registrada con formato de proposición no de ley lleva las firmas, además de Enrique Santiago, de los parlamentarios de IU Toni Valero, Fèlix Alonso y Engracia Rivera, junto a las de los también diputados en el Grupo Plurinacional Txema Guijarro, Agustín Samtos y Tesh Sidi.

El texto plantea también con claridad que desde el Estado español se debe “impulsar ante la Unión Europea la elaboración de un marco normativo que permita evitar la participación de delegaciones gubernamentales y empresas del sector de defensa o seguridad de países que pudieran estar cometiendo genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra personas o bienes de carácter civil u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales”.

A nivel internacional ya se han producido actuaciones similares. Por ejemplo, en Francia se ha prohibido a Israel participar en la Exposición Internacional de Defensa de París, Eurosatory 2024. El Tribunal del distrito francés de Bobigny declaró que la decisión se basaba en que sus empresas y representantes podrían actuar ‘como intermediarios de empresas armamentísticas israelíes’ en una de las mayores ferias de armas del mundo, en la que 74 empresas israelíes iban a exponer material bélico.

En otros países como Chile o Colombia se ha vetado también a las empresas de la industria armamentística israelí de sus respectivas ferias de defensa, concretamente Fidae en Chile y Expodefensa en el caso de Colombia.

La iniciativa que impulsa Izquierda Unida recuerda que desde hace casi un año con el ataque del régimen de Israel a Gaza y sus acciones en los territorios ocupados de Cisjordania “se está cometiendo un genocidio sobre la población palestina, como queda reflejado en las resoluciones de fecha 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo, todas de este año 2024, de la Corte Internacional de Justicia”.

“Estas resoluciones -añade la proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Defensa-, así como las vulneraciones constantes del Derecho Internacional por parte del Estado de Israel sobre la población palestina y, especialmente, de la Franja de Gaza, hacen necesario que España actúe e impida las colaboraciones y comercialización de productos relacionados con la defensa, como las ferias relacionadas con este sector”.

Los/as diputados/as que respaldan la iniciativa explican que la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) es la única feria del sector en España apoyada institucionalmente por el Ministerio de Defensa. Está organizada por la fundación Feindef, fundada por el propio ministerio junto a las asociaciones industriales TEDAE y AESMIDE en 2020. “Su próxima edición se celebrará el 12, 13 y 14 de mayo de 2025 en Ifema (Madrid). Esta feria cuenta con 58 países representados por delegaciones y empresas internacionales, entre las que se cuenta Israel, según expone su propio dosier comercial”, añaden.

En opinión de este grupo parlamentario, la participación del régimen israelí en estos eventos “tiene consecuencias y efectos directos sobre la población civil, en tanto refuerza la brutal capacidad militar y destructiva del Ejército de Israel y, por tanto, se debe interrumpir dicha complicidad”.

Precedentes de incumplimientos internacionales

La presencia de Israel en Feindef no es algo nuevo. En la anterior edición de 2023 participaron dos de sus principales empresas armamentísticas, Rafael Advanced Defense Systems LTD y Elbit Systems LTD.
Se da la circunstancia, además, de que en el mes de abril del presente 2024, en pleno despliegue genocida de Israel en el que ha perpetrado ya cerca de 41.000 asesinatos, “Feindef también celebró un evento en Córdoba, contradiciendo declaraciones institucionales del Ayuntamiento de Córdoba en 2012, así como del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba que apoyaron el Tratado sobre el Comercio de Armas”, recuerda la iniciativa registrada en el Congreso.

Este tratado declara que un Estado en ningún caso autorizará cualquier transacción de armas ‘si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte’.

La proposición no de ley registrada ahora reclama también al Gobierno que promueva “ante las administraciones autonómicas y municipales la elaboración de códigos éticos para regular la cesión de espacios públicos para la celebración de ferias, exposiciones y demás eventos del sector armamentístico o de seguridad con el objetivo de garantizar el respeto a la normativa estatal e internacional relacionada con el comercio de armas y los derechos humanos”.