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POR UN PROCESO CONSTITUYENTE "Hay Alternativa" Destacado

POR UN PROCESO CONSTITUYENTE "Hay Alternativa"

Izquierda Unida exige la dimisión del gobierno "ilegítimo" de Rajoy y la convocatoria de elecciones y abrir un proceso constituyente que defina el modelo de Estado y de sistema, una vez superadas la Transición y la Constitución de 1978.

Aranda, 31 de mayo de 2013

"En la sociedad a la que aspira Izquierda Unida estarán garantizados todos los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos"; así de tajante se mostró Enrique Santiago, responsable federal de Convergencia Político-Social de izquierda Unida, en el acto celebrado ayer en Aranda,  enmarcado dentro de la campaña "Hay Alternativa", en el que también participó el responsable de organización de IU en Castilla y León, Fernando Écija y el coordinador local, Antonio Miguel, que presentó el acto.

Enrique Santiago, coordinador, por Izquierda Unida, de la querella del denominado "Caso Bárcenas" habló, ante cerca de cincuenta asistentes, de la desligitimación del gobierno, que se habría presentado a las elecciones en condiciones de ventaja con respecto a los demás concurrentes por financiación ilegal, como se va acreditando a medida que avanza la instrucción del caso, que demuestra la coincidencia entre generosos e ilegales pagos de grandes empresas constructoras al partido Popular y la adjudicación de millonarios contratos por obras públicas a las mismas empresas; pagos que acababan, también de forma ilegal, en los bolsillos de destacados dirigentes populares, muchos de los cuales "se sientan en el Consejo de ministros"

En el acto se puso de manifiesto la situación límite que atraviesa el país, con un gobierno al servicio de la Troika, con más de 6.200.000 personas desempleadas, más de 1.700.000 hogares con todos sus miembros en paro, un 52 % de desempleo juvenil, que obliga a las personas mejor formadas a emigrar en busca de trabajo y un elevado porcentaje de la población, superior al 22 %, en situación de pobreza y exclusión social o al borde de la misma, unido a los recortes en sanidad, educación, atención a la dependencia, pensiones y a la pérdida de derechos sociales y laborales, mientras se destinan enormes recursos para rescatar a los causantes de la crisis: entidades financieras, inmobiliarias, concesionarias de autopistas y para pagar la deuda privada, ilegitimamente socializada y comprometida por encima de cualquier otro gasto social por la alevosa reforma del artículo 135 de la Constitución llevada a cabo por PP y PSOE.

Frente a esta situación de estafa, crisis democrática y corrupción, en el acto se pusieron de manifiesto las alternativas de izquierda Unida, tanto en el terreno económico, a través de la creación de una Banca Pública, una reforma fiscal justa, lucha contra el fraude, recuperación de empresas estratégicas privatizadas, rechazo a la deuda ilegítima y otras cuestiones. En materia pública y social, izquierda Unida aboga por priorizar la inversión en pensiones, desempleo y servicios públicos, con fomento del empleo juvenil, jubilación a los 65 años y revalorización de las pensiones; sanidad pública, universal y de calidad, educación pública, laica y gratuita y un cambio hacia un nuevo modelo productivo sostenible.

También hay alternativas sociales: derogación de la Reforma Laboral, Plan de Empleo Público para personas desempleadas sin subsidio, renta básica para quienes carezcan de ingresos y una política de precios que garantice la calidad alimentaria; además de considerar la vivienda como un derecho básico, poniendo fin a los deshaucios por motivos económicos sobrevenidos, dación en pago retroactiva y alquiler social.

para paliar el déficit democrático, se plantearon las alternativas de Izquierda Unida, que pasan por un profunda Reforma de la ley Electoral; mayor participación, a través de Iniciativas legislativas populares, referendums o consultas populares; Exigir un referendum sobre el modelo de Estado, entre la actual monarquía corrupta y heredada del franquismo o la República y el inicio de un proceso Constituyente para garantizar la soberanía de la mayoría de la ciudadanía una vez superadas la Constitución de 1978 y la transición.

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