Miércoles, 30 Julio 2025

IU lleva más de un mes esperando a que Justicia responda en el Congreso a su iniciativa para saber si piensa tramitar “de forma urgente y prioritaria” el indulto a ‘Las seis de La Suiza’ Todos los/as diputados/as de Izquierda Unida firman el texto registrado el 3 de junio donde ya planteaban al departamento de Félix Bolaños “qué plazos” maneja para un indulto que es “urgente e indispensable para el mantenimiento de la democracia”, además de interrogar sobre “qué va a hacer para proteger el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga evitando otros casos” similares

Izquierda Unida lleva más de un mes esperando a que los máximos responsables del Ministerio de Justicia respondan si piensan tramitar “de forma urgente y prioritaria” el indulto a las personas condenadas conocidas como ‘Las seis de La Suiza’.

Las/os seis sindicalistas -cinco mujeres y un hombre- están en prisión desde ayer, después de que un día antes el responsable del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón dictara orden de detención e ingreso en prisión para todas, tras desestimar las solicitudes de las defensas y la Fiscalía para suspender la condena a tres años y medio de cárcel.

Todos los/as diputados/as de Izquierda Unida -desde su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, pasando por Fèlix Alonso, Toni Valero, Engracia Rivera, Francisco Sierra y Nahuel González- firmaron la iniciativa registrada en el Congreso el 3 de junio donde ya planteaban al departamento de Félix Bolaños “qué plazos” maneja para el indulto, más teniendo en cuenta “que ha sido solicitado por numerosas personas y organizaciones sindicales”, además de recordar que la propia “Fiscalía había pedido que no ingresen en prisión”.

El texto destaca que es “urgente e indispensable” este indulto “para el mantenimiento de la democracia”. Mientras, el silencio del titular de Justicia -también ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes- y de sus máximos responsables alcanza también a otra de las cuestiones planteadas: conocer “qué va a hacer el Gobierno para proteger el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga evitando otros casos de condenas como este”.

Cada una de las personas ya en prisión fue condenada a penas individuales de dos años por obstrucción a la justicia, y a un año y medio por coacciones, además de a pagar conjuntamente 150.000 euros de indemnización -cantidad ya satisfecha- por las protestas llevadas a cabo en el exterior de la pastelería La Suiza.

Estas protestas se realizaron de forma pacífica, con autorización administrativa previa y sin intervención policial en ninguna de ellas. Buscaban que el dueño del comercio abonara una indemnización por despido a una trabajadora que le había acusado de acoso laboral y sexual, y que retirara una denuncia presentada contra su marido, a lo que el empresario se negó en todo momento.

Contra la libertad sindical y el derecho a huelga

Los parlamentarios de IU inciden en que la última sentencia condenatoria “se sustenta en la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que lo denunciaban por acoso laboral y sexual”.

Para Izquierda Unida, este tipo de fallos “debilita el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga, y puede reducir la voluntad de las trabajadoras y trabajadores de ejercer dichos derechos, suponiendo un claro retroceso social”.

En la iniciativa parlamentaria se recuerda que la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical alerta también de que las sucesivas sentencias sobre este caso “desde primera instancia hasta el Tribunal Supremo, crean un precedente jurídico muy nocivo sobre los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y derecho de manifestación”, además de recordar que el auto del juez Lino Rubio Mayo, “implica una exhibición de ‘orgullo’ por este retroceso, en lo que jurídicamente consideramos un verdadero atropello a la acción sindical”.

Toni Valero (IU) impulsa en el Congreso una iniciativa por los “graves problemas” en muchas oposiciones de acceso al profesorado y plantea a Educación medidas para solucionar sus efectos El también coordinador general de IU Andalucía, una de las comunidades más afectadas junto a Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, firma un texto junto a los diputados Nahuel González y Txema Guijarro en el que interroga al ministerio si “prevé la intervención de la Alta Inspección de Educación para aclarar las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales y los aspirantes afectados” y pide “garantizar la protección de los derechos constitucionales de las personas opositoras”

 

El diputado y portavoz de Izquierda Unida en temas de Educación en el Congreso, Toni Valero, impulsa una iniciativa parlamentaria para que el Ministerio de Educación se pronuncie y exponga sus planes ante los “graves problemas en los procesos selectivos a los cuerpos de personal docente de Enseñanza Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial” en distintas comunidades autónomas, en especial las de Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

Valero, que también es coordinador general de IU Andalucía, plantea ante la “gran preocupación” generada en “la comunidad educativa y en los sindicatos representativos del sector”, entre otras cuestiones, si el ministerio competente “prevé la intervención de la Alta Inspección de Educación para aclarar las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales y los aspirantes afectados”, así como “garantizar la protección de los derechos constitucionales de las personas opositoras”.

La iniciativa, que suma la firma de su compañero en Izquierda Unida Nahuel González, además de Txema Guijarro, diputado también en el Grupo Plurinacional Sumar, advierte entre el cúmulo de problemas detectados las “pruebas mal diseñadas y, en muchos casos, imposibles de resolver en un formato de proceso anticuado y mal organizado” o la existencia de “temarios obsoletos”.

A ello le acompañan la “falta de criterios homogéneos entre tribunales, incluso dentro de las mismas comunidades y de las mismas especialidades”, el “retraso en la publicación de los criterios de evaluación”, conocidos solo días antes de las pruebas “afectando a opositores que llevan años preparando este proceso”, sin olvidar asuntos más concretos como la “penalización excesiva por faltas ortográficas y cuestiones formales”, a partir de la “consideración subjetiva de las ‘faltas’, que puede derivar en un criterio de exclusión interpretable por cada tribunal”.

El texto parlamentario reclama al Ministerio de Educación que aclare si “valora introducir cambios normativos que impidan que los criterios de invalidación de pruebas difieran entre tribunales”.

A los diputados firmantes les preocupa el hecho de que el resultado final de “dichos procesos” pueda “contribuir a debilitar la Escuela Pública”, por ello lo trasladan a los máximos responsables del Ejecutivo para que expongan su opinión.

“Es urgente -destaca Valero- que el ministerio abra un proceso de diálogo en las mesas de negociación con las fuerzas sindicales para diseñar un nuevo modelo de acceso que garantice la transparencia, el respeto a la profesión docente y la cobertura de las necesidades del sistema educativo público”.

Toni Valero, Nahuel González y Txema Guijarro consideran que solo de esta forma podrá hacerse frente con garantías a problemas que están sobre la mesa y evitar que se repita la “frustración” y el “perjuicio económico y profesional para las personas opositoras, que se sienten maltratadas por un procedimiento poco transparente”.

Advierten de que han quedado “vacantes y sin adjudicar” por lo ocurrido “cientos de plazas de la Oferta de Empleo Público de las diferentes especialidades -especialmente en comunidades como la Región de Murcia-, lo que supone mantener altas tasas de empleo temporal, frenar la estabilización y dificulta el correcto funcionamiento de la Escuela Pública”. Así las administraciones públicas vuelven a incumplir el mandato judicial europeo de reducir la interinidad por debajo del 8%.

A todo ello se le añade en algunos territorios la “salida forzosa de profesorado interino de las bolsas de empleo, al no poder completar el proceso selectivo”, lo cual “en la práctica puede equivaler a la perpetuación en la rotación en el empleo y un ERE encubierto masivo”.

La organización exige mejoras en los medios materiales y reclama un operativo totalmente público con condiciones dignas

La precariedad sistémica de los operativos anti incendios forestales en CyL ha sido señalada por Izquierda Unida, quien acusa infraestructuras poco dotadas, precariedad laboral y falta de personal. Para la formación, la Junta de Castilla y León no dedica suficientes esfuerzos a la prevención de incendios. Acusa al gobierno regional de concentrar los recursos en época estival, aumentando así la tasa de incendios en la región.

Existen quince incendios forestales activos o controlados en Castilla y León, de acuerdo a la página web de la Junta había en Castilla y León a día 22 de julio. Para enfrentarlos, de acuerdo a la corporación Izquierda Unida, el operativo de incendios forestales debe lidiar también con una situación precaria. “Es un cuerpo maltratado por esta administración, con lugares de trabajo con condiciones infames” afirma Juan Gascón, coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León.

Falta de abastecimiento y medios en los operativos contra incendios forestales en CyL Mal acceso a agua potable.

La organización ha denunciado en numerosas ocasiones las malas condiciones de las instalaciones. Para ello se basa en las numerosas torretas de vigilancia sin suministro de agua potable, donde es el propio equipo de especialistas quien deben cargar con las garrafas.  Esto incumpliría el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. La normativa establece, en su Anexo V, que los lugares de trabajo “dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible”.

Falta de abastecimiento eléctrico.

IU señala también la falta de abastecimiento eléctrico de estos puntos. De acuerdo a los datos compartidos por esta, los puestos de vigilancia no tendrían mayor suministro eléctrico que una batería de camión donde cargar la emisora con la que se comunican. El mobiliario tampoco cumpliría las condiciones ergonómicas exigidas por la ley. El coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León señala, además, la presión añadida con la que deben trabajar los profesionales. “Las malas condiciones en la infraestructura vienen acompañadas por la presión que supone la intención de la consejería de ir aumentando el número de cámaras en lugar de mantener a profesionales que han demostrado a lo largo de los años su buen hacer”, afirma Gascón.

Más márketing que realidad.

Izquierda Unida ataca, por último, a la instrumentalización de bases de helicópteros, como la nueva base de Oterico, por parte del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Este realizó numerosas visitas a lo largo del mes de febrero, donde anunció una inversión prevista de 1.658.272 euros. Izquierda Unida denuncia la falta de suministro directo de agua potable que, mientras tanto, sufren otras bases, como la base de Camposagrado en León. También señala carencias en los camiones autobombas, que no contarían con instalación para línea de vida o enganches para la seguridad de la dotación de la autobomba. De acuerdo a la organización, se necesitarían cientos de miles de euros para arreglar los problemas estructurales de los que carece el sistema.

“Por eso volvemos a exigir una financiación correcta que permita un operativo de prevención y extinción de incendios”, afirma Juan Gascón, “totalmente público , bien dimensionado, todo el año y con condiciones dignas para todos los trabajadores y trabajadoras”.

Este lunes nos encontramos las mesas y los bancos de la Glorieta Rosales ARRANCADOS de su ubicación.

Pese a estar cimentados con bloques de cemento hay personas que dedican horas a desenterrarlos.

Ha pasado más veces. Normalmente se arregla todo y no decimos nada, como si nada hubiera pasado. Pero hoy no va a ser así porque queremos que se sepa lo ocurrido.

No los destrozan duendes, son personas. Y no se arreglan solos, es a base de horas de trabajo.

Por favor, si somos exigentes con nuestros servicios públicos, seamos consecuentes y cuidemos de Aranda y de lo que tenemos. Aunque construir y cuidar cueste más que destruir.